Licelot Marte de Barrios, tratando de justificar el porqué cientos de funcionarios públicos no han entregado sus declaraciones juradas de bienes, nos ha introducido en el controversial mundo del fatalismo y la pre determinación, al afirmar que: “En la génesis de los dominicanos está el incumplimiento de la ley”.
La presidenta de la Cámara de Cuentas se queja de que pese a las advertencias que les cursó a los funcionarios no declarantes de sus bienes, estos han hecho caso omiso a sus llamadas telefónicas y comunicaciones.
Decir esto delante de representantes de organismos internacionales, debería darle vergüenza a la distinguida presidenta de tan desgastado organismo. Pues da cuenta que ni ella, ni la institución que preside, tienen autoridad, ya que ni siquiera logran que funcionarios obligados por Ley 311-14 hagan sus declaraciones.
Lo que no es más que un escenario de vulgar impunidad, en la cual están inmersos un sin número de personas que se sienten protegidos por las autoridades, estando más allá del bien y del mal. Nadie puede llevarles a cumplir con la Ley, ya que ellos creen ser y son la ley. Lo que en sociedades equilibradas es calificado como abuso de poder, aquí importantiza al trangresor.
Al señalar la funcionaria que es función de la Procuraduría sancionar a las personas que no cumplen con lo requerido por la Cámara de Cuentas, se intenta evadir responsabilidades instituccionales de forma poco elegante, algo que se hace con frecuencia en el quehacer público, donde nunca nadie es responsable de nada, ante el desconocimiento de límites y competencias, dada la ausencia de rendimiento de cuentas.
La falta del cumplimiento de la ley no es génesis, es conducta aprendida, nutrida, desarrollada, cultivada desde la más tierna infancia, a veces, cuando padres y educadores son complacientes en el proceso de socialización, con niños malcriados que luego la vida atropella, al tratar de meterlos por el riel.
En todas las sociedades hay reglas, solo la falta de educación y permisividad de los que la dirigen, al no perseguir y sancionar a las personas que las violan, permite que se instalen malos hábitos que rompen las reglas del buen vivir. Es lo que se viene haciendo, sistemáticamente, en el caso de nuestro país, donde todo está permitido.
La corrupción ha carcomido los espacios del orden y respeto por las normas, eso no quiere decir que la mayoría de los dominicanos quieran seguir manejándose en el caos de la impunidad y ausencia de reglas. Todos estamos anhelando que alguien haga algo para cumplir alguna regla, sin ser autoritario, ni abusivo. Necesitamos que la Ley sea igual para todos, en especial para la autoridad.
Marte de Barrios, tan preocupada de la no declaración de estos funcionarios, tras más de cuatro años en funciones, ha podido apelar a otros recursos, como publicar en cualquier periódico local – que lo habrían hecho gratis – la lista de aquellos funcionarios que se han negado a cumplir.
Pretender que la impunidad es génesis, es un planteamiento desvalorizante de la esencia misma del ser dominicano, es negar que miles de nacionales que salen hacia otros países, sean capaces de someterse y adaptarse a reglas y costumbres muy diferentes, es creer que nuestra gente es incapaz de respetarse y respectar a los demás. Es negar que en este país, la gente está harta de ver que los que deben hacer cumplir las leyes son los primeros en violarlas.
A fuerza de tanta impunidad se ha creído que aquellos que no acatan tienen estatus, son parte de una casta de privilegiados, como cuando Trujillo. Aquí se violan las leyes, entre otras cosas, porque nos faltan hombres y mujeres, institucciones capaces de hacerlas cumplir a cabalidad o de renunciar a sus puestos, cuando descubren que las instituciones en las cuales están son entelequias al servicio de la corrupción y la impunidad.
La complicidad que se ejerce desde las posiciones públicas, en nombre del “respecto a la institucionalidad” no es más que un gesto de hipocresía, que contribuye al más alto deterioro de nuestra gente. Necesitamos ser menos complacientes y más honestos con nosotros mismos. Recordando que las institucciones son del pueblo, y que los incumbentes deben velar por su buen funcionamiento.