Aquellas personas que con sano juicio y civismo acuden por miles a vacunarse y otras que por igual evitan aglomeraciones que faciliten contagios, no pueden ser las mismas que en la llegada del nuevo año se exhibieron formando compactas masas humanas y de escasez de mascarillas en lugares públicos de Santo Domingo y Santiago.

Y si lo fueran, habría que alarmarse por una pronunciada ambigüedad ante la variante viral que parece decidida a contagiar a todo el mundo y que solo podría ser refrenada, por lo menos en sus peores daños a la salud, desde una gran suma de individualidades acogiéndose a las normas que disminuyen los riesgos de enfermar.

La displicencia ante la pandemia obliga a recurrir a obligatoriedades para echar el pleito en defensa de la salud colectiva más expuesta que antes a las infecciones que provienen de covid-19 y la influenza estacionaria.

Entes públicos y privados deben cerrarse a banda contra la presencia en sus ámbitos de asalariados y visitantes que hayan rehuido la vacunación faltando todavía un mes entero para que se exija la certificación de tercera dosis a todos los servidores del Estado.

Anticipadamente, deben hacerse valer prohibiciones de acceso a establecimientos de diversos fines a personas desprotegidas física y biológicamente por no haber completado al menos el ciclo de dos aplicaciones contra los efectos de la transmisión del germen que se muestra incontenible.

El derecho a no vacunarse no incluye el derecho a circular con virus

De la levedad de la ómicron no se benefician grupos de alto riesgo

Los tratamientos orales efectivos y novedosos deben incluirse en el país