Tras el discurso del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry Molina, por motivo del Día del Poder Judicial, la organización de la sociedad civil, Participación Ciudadana, realizó una evaluación del mismo indicando estar de acuerdo con varios de los puntos mencionados y haciendo énfasis en la necesaria mejora de la independencia de los jueces y juezas y del presupuesto nacional destinado al Poder Judicial, elementos omitidos por el presidente de la SCJ.

“En su discurso, el magistrado Molina pone el dedo en una de las llagas más lacerantes que padece nuestro sistema de justicia, la increíble mora judicial a la que hemos estado encadenados desde hace décadas, que afecta a todos los usuarios de este sistema, pero de manera principal a los sectores más vulnerables que se cansan de esperar una sentencia que nunca llega o llega demasiado tarde”, señaló el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Dijo que también apuntó en el sentido correcto cuando fija como una de las prioridades mejorar sustancialmente la eficacia y eficiencia con que se conduce el sistema de justicia, “llena de obstáculos burocráticos que ralentizan la labor judicial, además de la increíble desproporción en la carga de trabajo entre todos los jueces y juezas del país”.

“Dos aspectos del discurso merecen, sin embargo, una crítica constructiva, cuando no concede, por omisión, la importancia que tiene, en primer lugar, mejorar sustancialmente la independencia de los jueces y juezas, no solo hacia lo externo, sino además a lo interno, y en segundo lugar el cumplimiento de la ley que fija un 2.6% de los ingresos internos del presupuesto nacional para el Poder Judicial, sobre todo porque para el año en curso su asignación es de apenas 1.3%, es decir la mitad de lo que le corresponde por ley”, sostuvo el Consejo Nacional del movimiento cívico.

Desde Participación Ciudadana esperan que la Suprema Corte de Justicia, el Consejo del Poder Judicial y su nuevo presidente utilicen sus facultades, incluyendo su iniciativa en la formación de la leyes, para trabajar junto con los demás poderes del Estado y la sociedad civil en las modificaciones que luego de agosto de este año deberían emprenderse en las normas sustantivas y adjetivas para mejorar las condiciones de independencia, comenzando por la revisión del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de excluir al Procurador General de la República como integrante del mismo, la eliminación de la facultad de dicho Consejo para evaluar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el establecimiento de una mayoría calificada para tomar decisiones, que obligue al consenso entre los miembros del Consejo.

Con respecto al presupuesto del Poder Judicial, explicaron que es cierto que uno de los problemas es el gasto ineficiente, lo que debe corregirse, pero que tampoco hay duda de que se requiere una fuerte inversión en “la penosa infraestructura del Poder Judicial, en el uso de tecnología, en los salarios, sobre todo del personal administrativo, en la puesta en funcionamiento de tribunales aprobados por el Congreso y muchos otros aspectos”.

El Consejo Nacional de PC afirmó que el acceso a la especializada jurisdicción contenciosa administrativa que lleva el mandato constitucional de creación de jueces de primer grado y que se ha incumplido por más de diez años por falta de presupuesto, está vedada a la mayoría de la población, a lo que se le añade las condiciones de extrema precariedad en que opera la misma, lo que la hace “prácticamente inexistente”.

Participación Ciudadana espera que temprano este año, luego de un levantamiento de las necesidades del Poder Judicial y de iniciar un plan de eficiencia en el gasto, el Poder Judicial en pleno, encabezado por su presidente, se comporte como el poder del Estado que es y reclame a sus pares la asignación presupuestaria que requiera.

“La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, y el nuevo presidente de ambos órganos, permiten una vez más alumbrar la esperanza de una mejoría en el sistema de justicia que le permita recuperar por lo menos parte de la credibilidad pérdida y Participación Ciudadana asume esa esperanza sin dejar de lado el ejercicio de su derecho a mantenerse vigilante, evaluar y opinar sobre los procesos que se avecinan”, expresó el Consejo Nacional de la organización.