El Gobierno Central ha seguido una sana política de apoyo a los sectores económicos y sociales más afectados por la pandemia de Covid-19, por los efectos de la política monetaria expansionista derivada de la pandemia y luego contra las consecuencias malsanas de la guerra entre Rusia y Ucrania. En cada caso había el plausible y patriótico interés de que las unidades productivas no sucumbieran y por ese camino la economía toda. Este apoyo es responsable, en gran parte, de la recuperación del aparato económico de la República Dominicana, un fenómeno reconocido y aplaudido por especialistas locales y extranjeros y por organismos internacionales.

El Gobierno tiene ahora que enfocar su mirada hacia la industria avícola, una de las mejor gestionada y desarrollada de los últimos 50 años. Esta industria está quedando con serias lesiones financieras como consecuencia de los altos precios registrados en las materias primas que le sirven de insumos, y ahora, de manera dramática, por la crisis haitiana. Todos sabemos que entre un 30 y 35% de las ventas de la industria avícola sale hacia Haití vía los mercados binacionales.

La inestabilidad social y política que estremece a la sociedad haitiana desde hace varios años ha alcanzado este año su punto más alto con las acciones de las bandas armadas. Nuestra industria avícola necesita, con urgencia, el apoyo financiero del Gobierno.

Se trata de una actividad que, según sus promotores, tiene una inversión directa de 40 mil millones de pesos, genera cada año 26,500 empleos directos, está presente en 25 provincias del país, principalmente en la zona Norte, y cuenta con 50 plantas de alimentos balanceados. El valor anual de su producción es de 60 mil millones de pesos, y es la principal fuente de proteína animal de los dominicanos. No hay, pues, tiempo que perder.