PALMA DE MALLORCA, España. AFP. Ante una enorme expectación mediática, la infanta Cristina, hija del rey de España, comenzó a declarar este sábado ante un juez por presuntos delitos fiscales en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por su esposo que hundió la imagen de la monarquía.  

A bordo de un Ford de color negro, Cristina, de 48 años, descendió poco antes de las diez de la mañana la rampa adoquinada que lleva a la entrada del tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, donde el juez José Castro instruye desde julio de 2010 el denominado ‘caso Nóos’.

La infanta se apeó del vehículo vestida con pantalón, camisa blanca y chaqueta negra, y saludó sonriente a fotógrafos y cámaras de televisión antes de entrar en el juzgado.   «Está tranquila», declaró a la prensa uno de sus defensores, Jesús María Silva.   «Espero que se haga justicia», dijo por su parte Virginia López, abogada de la acusación.

Más de 200 policías protegían la zona, cerrada al tráfico, a la que sólo podrían acceder los 300 periodistas de todo el mundo acreditados para un acontecimiento histórico: el interrogatorio del primer miembro de la familia real jamás imputado por la justicia.

Alejados por un cordón policial, un grupo de manifestantes, que enarbolaban la bandera republicana roja, amarilla y morada, se congregó con pancartas en las que podía leerse «Sangre real = justicia irreal» o «La ley es igual para todos».

«Para nosotros el juez Castro es uno de los grandes de España. Es el único que está haciendo justicia para los españoles», decía Andrés Rodríguez, un conductor de autobús de 35 años.

Castro busca determinar si Cristina, séptima en la sucesión al trono de España, cooperó en las presuntas actividades delictivas de su marido, Iñaki Urdangarin, sospechoso junto a un exsocio de malversar 6,1 millones de euros (8,3 millones de dólares) entre 2004 y 2006 mediante una sociedad sin ánimo de lucro denominada Instituto Nóos.

Sentada en un sillón de terciopelo rojo, en una sala presidida por el retrato del jefe del Estado, su padre, la infanta pretendía demostrar su inocencia, afirmaron sus abogados, con quienes estuvo preparándose en los últimos días en Barcelona, desde donde viajó por la mañana para enfrentar la imputación dictada por el magistrado el 7 de enero.

Un golpe a la imagen de la Corona

Tras meses de trabajo, Castro fundamentó esta convocatoria en un detallado auto de 227 páginas que cayó como una bomba: protegida durante mucho tiempo pero ahora cercada por los escándalos, la monarquía española descubrió que ya no es intocable.   A sus 76 años, y 38 de reinado, Juan Carlos ofrece la imagen de un rey cansado, a menudo apoyado en unas muletas tras varias operaciones de cadera.

El deterioro de su imagen se inició hace dos años con el «caso Urdangarin» y se agravó con una costosa escapada a Botsuana para cazar elefantes en 2012, que indignó a una España golpeada por la crisis.

Hasta el punto de que actualmente ya no es tabú hablar de una eventual abdicación en favor del príncipe Felipe, que a sus 46 años encarna la esperanza de la Corona.   «El caso Nóos ha sido un problema enorme para la monarquía desde el principio. Lo que ocurre es que, al centrarse en la figura de la infanta, el daño se incrementa», explicaba Ana Romero, periodista del diario El Mundo.

En mayo el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, había logrado anular una primera imputación de la infanta por tráfico de influencias.

Fue entonces cuando el juez se orientó hacia las sospechas de delito fiscal y blanqueo, que Cristina habría cometido a través de Aizóon, una sociedad que detenta al 50% con Urdangarin, y cuya caja supuestamente habría ingresado alrededor de un millón de euros del dinero público desviado.

La contabilidad de Aizóon puso al descubierto gastos para la renovación de la lujosa residencia familiar en Barcelona por valor de 436.703,87 euros, o gastos privados por 262.120,87 euros, que Castro recogió en un auto lleno de referencias a facturas sospechosas.

«Los delitos contra la Hacienda que se imputan a Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa», concluía el juez.