Al pasar revista a los resultados de las políticas aplicadas por un gobierno, generalmente se toman como ejemplos los resultados de sus acciones en materia monetaria y cambiaria, situando el referente de los precios al consumo como el «as y envés» de su política económica.

De primer momento, los economistas suelen buscar las causas de buenas o malas políticas que alteran o contribuyen a la sostenibilidad de los precios y al origen de la inflación en las diferentes magnitudes con que gobiernos manejan los asuntos monetarios y cambiarios, donde actualmente y con la internacionalización de las economías se registran los resultados de dichas iniciativas.

En este terreno, los economistas acostumbran explicar la inflación con argumentos lógicos-matemáticos en función del accionar de las autoridades monetarias, tomando en cuenta los niveles de producción de bienes y servicios, la masa monetaria circulante y la capacidad de un país para ser autogenerador de moneda fuerte con las cuales cubrir la brecha entre exportaciones e importaciones.

Si el país logra la suficiente cantidad de divisas para cubrir sus importaciones y compromisos externos, teóricamente el modelo debe ser congruente con una relativa estabilidad de precios que no varíe los índices en los precios al consumidor en una proporción importante en un período determinado.

Pero si por alguna causa fallan las políticas aplicadas o mantenidas al momento para lograr este nivel de sostenibilidad en la procura de divisas, las fallas pueden ser atribuíbles a las autoridades.

La escasez persistente de divisas origina la inflación de las didivsas y con ello el alza de precios se traspasa al resto de la economía.

En estos casos, que actualmente abundan en los países de la región que confrontan problemas de estructuras productivas inadecuadas o en vías de transformaciones, resulta fácil a los ojos del público no muy ducho en materia de asuntos de economía y para ciertos políticos atribuir las fallas a los esquemas y correctivos aplicados.

Si en verdad algún gobierno ha cometido previamente excesos o errores, el problema suele complicarse mucho más ya que pueden los consumidores, a todas las escalas, considerar que el gobierno de turno es el causante de los males que afectan los precios al consumo y los bolsillos de toda la población.

[b]Origen actual inflación[/b]

De acuerdo a como lo advierte el Banco Central en su Informe de la Economía Dominicana (Enero-diciembre 2003), la crisis generada por la quiebra de una parte significativa del sistema financiero dominicano por malos manejos institucionales trajo como resultado una crisis económica sin precedentes desde el año 2003.

Para apuntalar la alicaída economía dominicana el gobierno debió recurrir a un Acuerdo Stand By que fue postergado algunos meses al final del 2003, pera ser reanudado en marzo del 2004.

Resultado de la nueva situación creada, «la inflación terminó el año 2003 en un nivel del 42.7%, superior en 7.7% a la inflación de 35% incorporada en el Programa de Estabilización».

Ese programa prevé una proyección de un 14% para la inflación del 2004, y aunque ciertamente ha ido bajando de mes a mes desde enero hasta abril, aún no se está muy seguro de que las proyecciones se cumplan debido a que la inflación está íntimamente vinculada al comportameinto del precio del dólar en el mercado. A este respecto, la institución monetaria rsumen que el traspaso a la inflación de la tasa de cambio llevó a un nivel de inflación del 9.23% a enero y de un 11.25% a febrero del 2004.

El margen de estabilidad de este componente será el que al final del año definirá el logro de los topes propuestos.

Se tiene previsto que el nivel de inflación ronde una tasa acorde con los niveles programados en la tasa de cambio de RD$40 por dólar.

«Una condición para obtener estos resultados -sostiene el Banco Central-, es minimizar las desviaciones con respecto a las metas cuantitavas fiscales y monetarias establecidas dentro del acuerdo con el FMI».

Por esta situación, las autoridades consideran necesario reducir la inflación como forma de «asegurar un entorno económico que favorezca la inversión y el bienestar».