El Gobierno entra al segundo semestre del año en medio de enormes desafíos económicos vinculados al aumento de precios por factores externos, pero cuyas consecuencias repercuten directamente en el contexto político en la antesala de un año preelectoral.

El origen de la escalada inflacionaria es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, dos importantes proveedores mundiales de maíz, trigo, cebada, fertilizantes, petróleo y gas. Esa crisis geopolítica mantiene en vilo a todas las economías, sobre todo a las más dependientes como la dominicana.

Aunque las autoridades han implementado estrategias para reducir la inflación derivada de la escasez y altos costos de las referidas materias primas, a cuatro meses de iniciado el enfrentamiento no se percibe un cese al fuego que permita recomponer rápidamente los mercados internacionales.

Con ese desfavorable escenario económico tiene que lidiar el Gobierno para que, el aumento de los productos de la canasta familiar, no se traduzca en pérdida de votos en los comicios del 2024.

No es un secreto que las alzas inflacionarias en medio de procesos electorales pueden ser el flanco más débil de un partido en el poder.

Según el informe del Banco Central sobre el Índice de Precios al Consumidor, correspondiente a mayo, en los primeros cuatro meses de este año la tasa inflacionaria se situó en un 4.9%.

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Mantienen subsidios

Mantener un determinado equilibrio de precios en los productos y servicios de primera necesidad ya representa un sacrificio fiscal para el Gobierno, tanto por los subsidios que aplica a determinados renglones, como por la imposibilidad de aumentar las cargas impositivas agendadas en la pospuesta reforma fiscal.

Solo en el primer semestre del año el subsidio a los combustibles se elevó a RD$18,968 millones, informó la semana pasada Jochi Vicente, ministro de Hacienda, quien destacó que el propósito de esa medida es evitar que el consumidor pague el precio real de los combustibles, por las alzas registradas en el barril del petróleo.

En ese mismo orden, se estima que el subsidio al sector eléctrico aumentará este año más de 700 millones de dólares, según declaraciones de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.

Aun con ese subsidio, resulta impopular en esta coyuntura el aumento de un 9% a la tarifa eléctrica de clientes residenciales que consuman hasta 300 kilovatios-hora, y de 7.6 % para los pequeños comercios.

Esa disposición es parte del desmonte gradual al subsidio acordado en el Pacto Eléctrico.