La Iniciativa Anti Corrupción: el abismo entre el discurso y la acción

La Iniciativa Anti Corrupción: el abismo entre el discurso y la acción

Posiblemente una de las causas por las cuales la sociedad dominicana del siglo XXI continúa estando profundamente anclada en el pasado es por la corta y limitada visión de su realidad que la dictadura del discurso político tradicional ha perpetuado como parte de la conducta de los gobernantes.

El pensamiento enano escondido en floridos y vacíos discursos, así como la ausencia de una visión de grandeza, nos ha convertido en un conglomerado social que acepta como normal y natural toda clase de vicios, debilidades falencias, carencias y debilidades. El tema de la corrupción pública y privada no escapa de este enanismo espiritual y moral que se ha adueñado de una gran parte de los dominicanos. 

La reflexión anterior me llega a propósito de la llamada “Iniciativa Participativa Anticorrupción” (IPAC) presentada la pasada semana en un evento oficial con la venia de los principales organismos e instituciones de cooperación multi y bilaterales que operan en el país. Esta iniciativa, que en sus orígenes posiblemente contenga algo de corrupción, no pasará de ser parte del formalismo con que generalmente se disimulan la mayoría de los males, atrasos y carencias que afectan a la sociedad dominicana.

 Todas las recomendaciones que ilusamente se listan como resultados de las discusiones de las diferentes mesas de trabajo en las que conscientemente me negué a participar cuando fui invitado, son parte de leyes, reglamentos y normas vigentes, cuya implementación solo depende de la voluntad política de las autoridades y de quienes ejercen funciones en los órganos de control, persecución y castigo de la corrupción.

Al  igual que el Diálogo Nacional, la Cumbre para la Crisis Global, el Plan Decenal de Educación, el Plan Decenal de Salud, la Reforma Constitucional y recientemente la Estrategia Nacional de Desarrollo, la IPAC es uno más de los ejercicios de formalismo interesado, tras los cuales hemos venido postergando la solución de problemas elementales como el del desayuno escolar y no tan elementales como el del sistema eléctrico.

Es evidente que durante décadas, el manejo del presupuesto y los recursos públicos se han orientado en función de los beneficios de una clase política y sectores privados que en unos casos vulgarmente y en otros de manera ilustrada,   han dilapidado miles de millones de pesos sin que se haya resuelto uno de los problemas fundamentales en el ámbito de la educación, la salud, el agua, la electricidad, la seguridad ciudadana, el transporte, las vías de comunicación, la producción nacional, etc.

El primer paso para enfrentar con responsabilidad y seriedad cualquier problema es aceptar que este existe y tener conciencia de su dimensión.

En la República Dominicana hemos convertido en una virtud el defecto de buscarle la vuelta a todo y mantener intactos sistemas, órganos, situaciones, debilidades y formas de hacer las cosas que han sido superadas en sociedades con menos desarrollo que la nuestra.

Cuando el Presidente dijo en el acto de la IPAC que la corrupción en el país no es un gran problema, solo estaba reafirmando su convicción y su adhesión a ese discurso conformista del cual es un gran beneficiario.

Ya en su discurso de rendimiento de cuentas ante la Asamblea Nacional en febrero de este año lo expresó con absoluta claridad: “He sostenido que si bien hay manifestaciones de corrupción en distintos estamentos de la administración pública, no se trata de un sistema organizado al servicio de la misma, sino más bien de individuos aislados que incurren en esos actos…”.  

La corrupción se define como el uso de los recursos públicos, independientemente de si estos son legales, políticos o económicos, para obtener beneficios privados a expensa de limitar la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales.

Las tres principales formas de corrupción se concretan en el desvío de los fondos públicos, la corrupción administrativa y la captura del Estado.

En nuestro país es común y muy generalizado que los funcionarios gubernamentales utilicen los fondos del Estado puestos bajo su custodia o responsabilidad en provecho propio, de familiares o allegados.

Este tipo de corrupción tiene su explicación en la capacidad de discrecionalidad del funcionario para otorgar contratos,  exenciones, priorizar entrega de bienes o servicios públicos, o para dictaminar a favor o contra en la aplicación de las leyes.

Por otra parte es usual que los funcionarios reciban pagos ilícitos o sobornos para imponer distorsiones intencionales en la implementación o aplicación de las leyes, normas, trámites públicos o regulaciones, con el objetivo de dar beneficios o ventajas a actores públicos o privados. Esto es corrupción administrativa.

De igual manera es de todos conocida la práctica institucionalizada de influencia en la conformación de leyes, decretos y normas del Estado que ejercen empresas, individuos o grupos de influencia por medio del pago o incentivo a funcionarios, con el objetivos de orientarlas en la dirección que les reporte beneficios a expensas de bien común, tipificando lo que se denomina captura del Estado.

Como se puede ver, en nuestro país están profundamente enraizadas estas formas de corrupción, al grado de que las mismas operan tal y como lo hacen los sistemas, aunque es obvio que no van a mostrarse con los formalismos que conceptualmente definen un sistema. Ver la corrupción como algo aislado decreta nuevamente el abismo entre el discurso y la acción. La IPAC, a pesar de mis deseos, es solo eso, una iniciativa más. 

La cifra

3.0 puntos es la puntuación  que Transparencia Internacional otorga a la República Dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción  2010. A mayor puntuación, la máxima es 10, menos corrupción.

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