POR M. DARÍO CONTRERAS
La duración y frecuencia de los cortes eléctricos que sufrimos desde principios de junio pasado nos indican que estamos ante un práctico colapso del sistema de generación eléctrico. A estas interrupciones programadas de energía eléctrica se les llama «apagones financieros».

Estos cortes, cuyo origen se alega en la iliquidez de los generadores independientes por falta de pago de las distribuidoras de energía, castigan en forma inmisericorde a los usuarios, aunque a unos más que a otros, siendo la generación promedio alrededor de un 50% o menos de la demanda requerida. La mayoría de los sectores poblacionales reciben, en promedio, mucho menos de la mitad de la energía servida. Con suerte un circuito determinado recibe por día, en los actuales momentos, más de cuatro a seis horas de energía eléctrica por día.

Sin embargo, determinados circuitos eléctricos son privilegiados con cortes mínimos, quizás con menos de dos o tres horas de apagones por día. Esta práctica no es reciente, ya que responde a criterios de «seguridad nacional» o a consideraciones piadosas, como sería la presencia en un sector determinado de hospitales públicos. Dentro de lo que se puede considerar como seguridad nacional, pueden encontrarse circuitos que alimentan la sede del gobierno central y algunas oficinas gubernamentales, así como las residencias de altos jerarcas civiles y militares e influyentes miembros de la administración pública. En nuestra opinión, a contrapelo de esta interpretación de los que controlan o manejan la frecuencia y distribución del racionamiento energético, es precisamente a estos privilegiados a los que se les debe tratar como a ciudadanos cualesquiera, ya que ellos mismos son responsables de la situación de indefensión eléctrica por la que atraviesa el país. Sí estamos de acuerdo con privilegiar, en lo posible, a los circuitos que albergan centros de salud pública y otras instituciones similares que ofrezcan servicios gratuitos a la ciudadanía.

Hubiésemos preferido hacer estas consideraciones sobre la injusticia y la falta de transparencia en lo que concierne a los cortes programados que padecemos, si dispusiéramos de datos confiables sobre los cortes eléctricos por circuitos. Ni las distribuidoras eléctricas, ni la Superintendencia de Electricidad, suplen este tipo de información, ya que alegan que la misma no está disponible para el público, tratándola como si fuese un secreto de estado. Es entendible que no se anuncie previamente cuales circuitos estarán fuera de servicio en determinadas horas, por eso de que los cacos se protegen con la oscuridad para cometer sus fechorías. No obstante, la ciudadanía tiene derecho a conocer los criterios o razones que priman para los cortes eléctricos por zonas o circuitos, ya que es importante conocer la equidad con que se dosifica la insuficiente energía disponible, pues el «muerto es pesado y debemos cargarlo entre todos», y no unos más que otros.

Ya que padeceremos esta crisis eléctrica por un buen tiempo, esperamos que las próximas autoridades nacionales, a partir del 16 de agosto venidero, tomen debida nota de la insensibilidad de los que manejan el sector eléctrico. Estas deberán informar a la población, en forma transparente y confiable, cómo hacer más llevadero este vía crucis eléctrico repartiendo los apagones en forma más racional y equitativa. Una población debidamente informada y edificada es, en tiempos de crisis, una mejor aliada que otra atosigada de precariedades, sin las explicaciones y justificaciones pertinentes.