El concepto de Estado tiene varias definiciones. Pero en sumatoria su elemento sobresaliente es que se trata de una institución que en un país representa a todos sus ciudadanos.

Es supremo porque le pertenece todo y es el centro dominador y regulador.

Se le concede este potente privilegio porque su misión es velar, proteger y beneficiar a los ciudadanos a través de sus dependencias.

Su existencia y naturaleza son buenas.

Sin embargo, el gran problema lo encontramos en la forma que se usa para dar el derecho de dirigirlo.

Esta facultad es otorgada a una figura llamada gobierno, proveniente del griego “kubernào”, que significa pilotar un barco.

De modo que el control del Estado se pone en mano de un ciudadano a quien se le da la categoría de “Presidente”, “primer ministro” o “ejecutivo”.

El requisito principal para llegar a este nivel es a través de una organización política reconocida llamada partido.

Lamentablemente los partidos se han convertido en los amos y señores del Estado manejándolo de manera ambiciosa, mezquina y caprichosa.

No se toma muy en cuenta la capacidad, sino el nivel de afiliación con el partido.

Los beneficios y privilegios que se imponen los ministros o funcionarios grandes no guardan ninguna relación con lo que producen o con su nivel de necesidades.

Lo mismo ocurre con la cantidad de puestos.

Es tanto lo que cargan los jefes de los gobiernos al Estado con sus apetencias, que, finalmente, este no cuenta con suficientes recursos para invertir en la mejoría de sus ciudadanos y el desarrollo de la nación.

A esto habría que sumarle prácticas tan bochornosas y dañinas como la corrupción o desvío fraudulentos de los recursos del erario.

Al desnaturalizar su misión, el Estado se convierte en algo injusto.