LUPO HERNÁNDEZ RUEDA
La inmigración haitiana entraña por sus características un potencial explosivo de consecuencias predecibles. No es comparable, como se pretende muchas veces, con la inmigración dominicana a los Estados Unidos u otros países. Tampoco es comparable con la inmigración de europeos, asiáticos y de nacionales de otros continentes a la República Dominicana. Ninguna otra inmigración a nuestro país es continua, masiva, predominantemente ilegal, persistente, con respaldo de grupos nacionales e internacionales, generadora de concentraciones cerradas urbanas y rurales, que se acrecientan y generalizan. Ninguna otra inmigración tiene el potencial político, económico y social que tiene la inmigración haitiana. Ninguna otra inmigración desplaza tan amplia, continua y aceleradamente a los nacionales del empleo normalmente regulado y del trabajo informal.

Una gran mayoría de los inmigrantes haitianos, por motivos históricos, considera el territorio nacional como parte de la nación haitiana.

La constante, masiva e incontrolada inmigración haitiana por sus características y por la proporcionalidad de la población de las naciones que comparten la isla, transforma social, económica, cultural y políticamente a la nación dominicana, fomentando el deterioro de la vida nacional, mermando la capacidad del Estado Dominicano para satisfacer las necesidades nacionales, en áreas tan importantes como la salud, la educación, el trabajo, el respeto de las leyes y los derechos, incluyendo la seguridad individual en las ciudades y en los campos.

Por su continuidad, número y persistencia, la inmigración haitiana destruye el débil ordenamiento jurídico nacional y el respeto de sus instituciones, facilitando la corrupción, la contratación de extranjeros en violación a la ley, el empleo de ilegales en el campo y la ciudad, la alteración y uso de documentos falsos y, como señala el rumor público, da lugar al contrabando de armas y mercancías y a la introducción de drogas al territorio nacional.

La inmigración haitiana quiebra los lineamientos de la frontera entre Haití y la República Dominicana, introduciendo una cultura muy diferente a la dominicana, convirtiendo a la población de algunas áreas fronterizas en predominantemente haitianas, dando lugar, además, a la formación de grupos poblacionales cerrados, rurales y urbanos, en distintas regiones y ciudades del país, incluso a la mendicidad organizada en los principales centros urbanos nacionales. Dicha inmigración tiene un potencial social y político devorador de la nacionalidad e idiosincrasia dominicana, lo que hace de ella uno de los más graves y difíciles problemas nacionales a cuya solución se le debe hacer frente, poniendo por encima el interés nacional sobre los intereses particulares.

Los inmigrantes haitianos desplazan aceleradamente a los nacionales tanto en las zonas rurales como urbanas, en el turismo como en las zonas francas y áreas y actividades del trabajo informal tradicionalmente desempeñada por dominicanos. Incluso, alimenta un sistema de protestas y acusaciones generalmente infundadas, que, de producirse después de la aprobación del CAFTA RD, son susceptibles de generar sanciones económicas frente a las cuales la República Dominicana tradicionalmente no se defiende, o no ha sabido defenderse.

No falta mucho para que un líder aglutine esta población y demande para ella derechos políticos que sólo corresponden a los nacionales dominicanos; que esta población decida el resultado de las elecciones nacionales, o la reforma constitucional para cambiar la estructura y organización del estado dominicano.

Se nota últimamente un afán de ciertos grupos de personas en unificar las características culturales dominicanas y haitianas e incluso se habla de una cultura y una nacionalidad dominico-haitiana como si existiera un estado domínico-haitiano; se persigue con esto debilitar el hecho cierto de que se trata de dos pueblos y dos naciones distintas, también se quiere llevar al ánimo nacional la idea, y se insiste en ello, de que la fusión de ambos estados y naciones es un hecho inevitable «un matrimonio sin divorcio», porque así lo ha dispuesto la comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos de América, Canadá, Francia y otros estados.

Ninguna nación incluyendo a Estados Unidos o de Europa convoca a los representantes de los inmigrantes ilegales para que participen en un consenso sobre lo que esa nación debe hacer como política migratoria, de modo que no cabe hablarse en este caso de consenso con los sectores involucrados, sino que, el gobierno dominicano debe establecer responsablemente la política migratoria dominicana, guiándose y fundándose en el interés nacional.

El Consejo Nacional de Migración, al fijar la política nacional de migración, debe tomar en cuenta las características precitadas de la inmigración haitiana.

Dicho Consejo tiene ante todo que tomar conciencia del problema, no comparar la inmigración haitiana con otras inmigraciones que no tienen las mismas características, efectuar su labor colocando el interés nacional, por encima del interés de los «sectores involucrados».