Haití es un país no sólo devastado por el terremoto del 2010, sino que lleva más de 16 años intervenido por fuerzas militares de la ONU, cuyo supuesto propósito es “estabilizar política y económicamente al hermano pueblo haitiano”. Sin embargo, hasta la fecha este país en ruinas no ha podido ser estabilizado y mucho menos reconstruido a pesar de las muchas promesas de ayudas internacionales ofrecidas por la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Es decir, Haití ha entrado en el siglo XXI en peores condiciones a las que se encontraba cuando los marines de Estados Unidos ocuparon dicho país entre 1915 y 1936 bajo la excusa de estabilizar nuestro vecino país.

Esta es una de las razones por las cuales más de un millón de haitianos en extrema pobreza han escogido emigrar, en su mayoría ilegalmente, al país que tienen más cerca, que resulta también tener índices de pobreza bastante elevados.

Ante la incapacidad de encontrar una solución posible en Haití, se han estado reiterando denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, llegando al extremo de inventarse una figura inexistente en la legislación dominicana (desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana) y queriendo hacer silencio sobre los reconocimientos que a través de la justicia dominicana se le han dado a los extranjeros, como lo es la decisión de la Corte de Casación que establece que cuando un empleador contrata a un extranjero transeúnte o ilegal están incurriendo en una violación a las leyes que regula la contratación de los extranjeros, pero que el estatus de ilegalidad no le permite al empleador deducir consecuencias a su favor para evitar ser condenado al pago del salario mínimo legal o el pago de prestaciones laborales (ver casación de fecha 17 de septiembre de 1997, B. J. 1042, Págs. 270-271). Este tipo de precedente a favor de inmigrantes ilegales de nuestra Corte de Casación no existe en el sistema judicial francés y mucho menos en el de Estados Unidos, lo que denota que el objetivo de ciertas ONG y agrupaciones pro-haitianas es únicamente desacreditar las instituciones vigentes que gobiernan el funcionamiento del Estado Dominicano. Los derechos de los inmigrantes legales e ilegales es un asunto doméstico regido por el derecho nacional, salvo acuerdos bilaterales que digan lo contrario, como bien lo reconoció el presidente mexicano Peña Nieto, con motivo de la visita que hizo a México el presidente de los Estados Unidos, al reiterarle que la inmigración de los mexicanos en los Estados Unidos constituye un problema doméstico o de derecho interno de los Estados Unidos, país receptor de dicha inmigración de mexicanos.

Este grupo de ONG pro-haitianas, con sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desnaturalizan expresamente la realidad que vive el pueblo dominicano, al no tener en consideración que a pesar de todas las diferencias, históricamente nuestro país ha sido uno de los más, o quizás el más, generoso con los extranjeros legales e ilegales. Finalmente, ante esta difícil y delicado problema migratorio, el país debería, además de cedular a estos inmigrantes, volver a la práctica de celebrar tratados bilaterales con Haití, como el celebrado anteriormente en el 1966, que mejoró en su época las condiciones de los jornaleros haitianos temporeros al sustituir el tratado vigente hasta el 1958; y el convenio de 1979 con Haití sobre cooperación científica, técnica, cultural, económica y comercial.