HAMLET HERMANN
Conversando con un abogado, éste hizo mención de una figura jurídica que yo desconocía: la inminencia del daño. El concepto era aplicable, decía él, cuando se evidencia que una acción muestra altas probabilidades de perjudicar a un ciudadano o a un grupo de éstos. Este enfoque llamó mi atención porque en República Dominicana parece que, a fuerza de democraduras y dictablandas, nos hemos acostumbrado a que los gobiernos hagan lo que les venga en ganas, sin dar explicaciones ni presentar garantías de que lo que se proponen vaya a tener éxito. Improvisan a diario como maniáticos cultores de la espontaneidad.

Si es un asunto de construcción, no les importa carecer de estudios ni de planes hechos con rigor y profesionalidad. Con un “data show” y millones de pesos gastados en relaciones públicas les basta. Confían en que la ciudadanía desconoce sus derechos y que ni se enteran de que pueden elevar recursos de amparo ante los tribunales de la República para frenar los desatinos del partidaje político. De ahí que sin programas ni diseños rigurosamente profesionales, el grupo en el poder se lance a construir trenes subterráneos, islas artificiales y distribuidores de tránsito tipo trompeta que sólo apuntan hacia el fracaso. Descalabros estos que todos tendremos que pagar de nuestros bolsillos mientras ellos, revestidos de impunidad, se enriquecen.

Se atreven a tanto porque, en su osadía, están convencidos de que las protestas populares no serían violentas y las quejas de los perjudicados no aparecerán en los medios de comunicación más de un par semanas. Mientras las quejas suenan, ellos ni siquiera se toman la molestia de paralizar las construcciones sino que, todo lo contrario, aceleran los trabajos para alegar el hecho cumplido. En los medios de comunicación influyen a papeletazos limpios de manera que las versiones que se destaquen no sean las de la cordura, sino las del dispendio y de la contratación grado a grado.

Sin embargo, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Qué pasaría si los residentes del sector El Vergel se acogieran ante los tribunales a un recurso de amparo para protegerse contra la arbitrariedad de un servidor público que pretende desalojarlos del lugar donde han residido durante toda una generación? ¿Se atreverían los tribunales a hacerle caso a la Constitución o cederían ante la voracidad del partidaje que quiere gastar lo ajeno aunque los problemas no se resuelvan? ¿Qué pasaría si los ciudadanos que ocupan locales residenciales y comerciales en las avenidas Hermanas Mirabal y Máximo Gómez elevaran un recurso de amparo ante la inminencia del daño que les provocarán las construcciones nada prioritarias de ese corredor Norte-Sur con vocación de tren subterráneo? ¿Se atrevería algún juez a perturbar ese sueño del Presidente de la República?

La misma estrategia de defensa propia podría ocurrírsele a los que, inminentemente, van a salir perjudicados con la isla artificial y su aberrante contrato de corte colonial. Un asedio legal por varios flancos podría obligar a los improvisadores a pensar mejor sus desatinos ante el rechazo formal de toda una población.

La inminencia del daño está ahí y enfrentarla adquiere carácter de urgencia. Nadie puede negar la amenaza que cada uno de esos improvisados proyectos significa. Y lo que es peor, los perjuicios que se vislumbran no serán algo pasajero sino que esos exabruptos del mal urbanismo se van a constituir en parte de la deuda eterna que el país arrastra con los organismos financieros extranjeros y nacionales. Ir hasta los tribunales de la República a solicitar un recurso de amparo y frenar la inminencia del daño es la mejor forma para que este reclamo se trate dentro del marco de la constitucionalidad y de las leyes.

Somos muchos los que de alguna forma simpatizamos con el presidente Leonel Fernández. Y precisamente por eso somos los más llamados para ponerle coto a quienes quieren eternizar el régimen de la improvisación y de la contratación grado a grado. Evitaríamos así que continúen los desmanes contra la ciudad que, supuestamente, es de todos y por todos debe ser defendida. Porque hacer un llamado a la racionalidad para evitar la improvisación y la rapiña no nos hace enemigos del gobierno, sino todo lo contrario. Los enemigos verdaderos del doctor Fernández están más cerca de él de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y son esos los que podrían llevar a su Partido hasta la inmolación política, tal como ocurrió cinco años atrás.