La aprobación de las leyes electorales y la celebración del Día Internacional de la Mujer, ponen en evidencia los grandes déficits institucionales y de la condición de la mujer vigentes.
El irrespeto a las instituciones, incluyendo la impunidad de la corrupción a los crímenes del poder; la desorientación, y “visión gremial” de quienes han conducido la lucha por la igualdad de las mujeres es otro problema.
El manejo “medalaganario” de las instituciones por las élites gobernantes se debe a que quienes alegan sus violaciones cuando les afectan directamente o derivan crisis económicas generalizadas, lo que les resta apoyo de los sectores más conscientes, impidiendo cambios importantes en los órdenes jurídico y funcional, o a la hora de modificar la Constitución y aplicar las leyes.
Los atropellos a jueces en flagrante violación a normas elementales, los feminicidios, y la prohibición de los abortos cuando hay peligro para la madre o por atentados criminales, son otros ejemplos de ello.
Cuando estuve en la dirección de Reforma del Estado (CONARE), del año 2000 al 2004, insistían la necesidad de adoptar posiciones coherentes sobre la participación femenina en cargos de representación popular, sin pretender que la elección de éstas fuera independiente, porque un estado no puede dividirse en dos mecánicamente.
Por eso logramos que las mujeres sean alcaldesas o vicealcaldesas, con los senadores no se puede porque no hay suplentes y los candidatos a vicepresidentes los postula el Presidente, pues deben ser de su confianza.
La elección de la cuota femenina no puede ser exacta,sino fluctuante entre el 40 y 60 por ciento como se aprobó en el 2018 para la ley de partidos, aunque sí por circunscripción y no nacional como estableció la Ley Electoral.
Propusimos que cuando el candidato a senador fuera de sexo masculino, por lo menos el candidato a segundo diputado de cada provincia fuera mujer y que en las elecciones generales se votara con boletas cerradas y bloqueadas en base a los resultados de las primarias, más las reservas del 20% establecidas en la ley, lo que ayudaría a aumentar el número de mujeres en el Senado y los diputados. Es inconstitucional elegir a los senadores por arrastre.
Así mismo, las candidatas a diputadas no pueden ser las que decidan los organismos femeninos de los partidos políticos, sino las que obtengan mayores votaciones en las primarias, aunque algunas pueden alcanzar candidaturas dentro de las reservas que acuerda la ley.
La lucha por fortalecer las instituciones y la representación femenina deben estar vinculadas. La Constitución de la República es un pacto político que debe ser respetado y no cambiado antojadizamente por los poderes de turno, sino para los períodos posteriores. Pero Leonel dio el ejemplo disfrazando en el 2010 un cambio casi total como si fuera una reforma puntual de ésta.
Los distritos municipales deben estar representados en los consejos municipales y dedicarse a administrar solo los servicios públicos por mandato de los municipios, como síndicos (eso significa ese término) para evitar la dispersión e improvisación.
Todos debemos luchar por el respeto a la constitucionalidad, empezando por el propio Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia debe elegir a sus miembros escalonadamente cada 4 años, para evitar manipulaciones como las que estamos presenciando.