La OEA ha desconocido con el respaldo de 19 estados miembros la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, entre los cuales figuró el voto de la República Dominicana. Paraguay decidió romper relaciones diplomáticas con el régimen despótico, mientras 20 expresidentes democráticos de América reconocieron como “presidente encargado” de Venezuela al diputado Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional.
La Unión Europea cortó sus vínculos con Maduro, Washington acorrala al dictador que viola los derechos humanos, retiene a miles de presos políticos entre ellos destacadas figuras opositoras, fomenta el exilio y porque sus políticas estalinistas han debilitado tanto la otrora poderosa economía petrolera venezolana.
Para sobrevivir, Maduro se aferra a cierta cooperación que recibe de Moscú y de China, motivadas ambas dentro de la competencia geopolítica que procura debilitar la influencia estadounidense en la región.
Si Maduro y sus adeptos del régimen fueran sensatos, estarían reflexionando sobre las causas por las que naciones amigas, como República Dominicana, Haití y Paraguay, hoy cambian de actitud apoyando la Carta Democrática de la OEA junto a otros 16 países, porque desconocer a un gobernante invocando ilegitimidad equivale, técnicamente, a una ruptura oficial de las relaciones entrambos gobiernos. Diplomáticamente, esa medida va seguida del cese de los vínculos comerciales y, eventualmente, el retiro de los embajadores respectivos.
El regreso de Venezuela a un gobierno surgido de la voluntad popular, libremente expresada en las urnas, es un camino difícil, capaz de ser pavimentado a través del aislamiento internacional, cuyos efectos la dictadura de Maduro ya empieza a sentir.