Por Fabio Montes de Oca

El Gobierno de la República Dominicana, pone en riesgo su credibilidad y manda un mensaje negativo a la inversión extranjera, cuando otorga un permiso para una exploración minera y luego por presión de algunos sectores no procede según la ley.

Recientemente el periódico Diario Libre, en su línea editorial, criticó el hecho de que a la minera Gold Quest, se le haya autorizado a realizar trabajos de exploración en la zona de los Romeros en Sabaneta de San Juan de la Maguana y que debido a una oposición de algunos sectores, se violencia el procedimiento legal que obliga a autorizar después de un proceso a realizar los estudios de impacto ambientales para determinar la viabilidad o no del proyecto.

Es precisamente después de estos estudios y conforme a sus resultados que el gobierno autoriza o niega la explotación de cualquier yacimiento minero.

Según Diario Libre, con esta actitud de no dar el permiso para que cumpliendo con lo establecido legalmente se realicen dichos estudios, está mandando el mensaje a la comunidad internacional de que la institucionalidad y la seguridad jurídica en el país están en juego y no garantizan la inversión extranjera.

Gold Quest no desarrolló trabajos de exploración minera en la zona supra indicada por cuenta propia, sino por una concesión autorizada y ratificada por el Gobierno dominicano, por lo que ha hecho toda una inversión y se ha ganado el derecho de saber si es o no factible explotar la mina de oro de Los Romeros.

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Se ha manipulado el término «Licencia Social», queriendo decir que no se cuenta con la misma.

Solo algunos sectores se han manifestado en oposición a algo que ningún estudio ha demostrado si es o no factible la explotación minera en San Juan de la Maguana.

Sin embargo sectores importantes, líderes nacionales han hablado a favor de que se realicen los estudios, y esas opiniones son también sociales.

Por lo visto las opiniones están divididas, por lo que no se puede hablar de licencia social, ya que, la sociedad no está integrada por diversidades de opiniones.

Además una licencia social, se habla ya cuando un proyecto va a ejecutarse definitivamente y en el lugar donde se va a desarrollar, la población que será intervenida, entiende que la afecta o le beneficia se opone o da su consentimiento.

Todavía no se conoce la viabilidad de Los Romeros, por lo que es irracional oponerse a que esto sea determinado conforme a las leyes y la ciencia.

El Gobierno debe asumir su rol o la comunidad internacional, a partir de esa experiencia, lo pensará antes de someter cualquier proyecto al país que conlleve una cuantiosa inversión, para que luego que le autoricen a desarrollar sus fases primarias, porque un grupo sin razonamiento lógico se oponga, tenga que ser paralizado.

Por mi parte, no estoy a favor ni en contra de la explotación minera, pues ¿quién soy yo para hacerlo?, pues no tengo elementos científicos que demuestran si es o no factible, por lo que solo los estudios de impacto ambiental podrían darme esa información.

*El autor es periodista y reside en San Juan.