ROSARIO ESPINAL
Es cierto, todo país tiene el derecho de proteger sus fronteras, controlar la entrada de extranjeros y repatriar aquellos que hayan ingresado sin documentación adecuada. La República Dominicana no es excepción. Pero todo país que fomenta o tolera la migración a su territorio, como ocurre en el caso dominicano, tiene una responsabilidad humana y social ante los inmigrantes. Es indigno, por ejemplo, aceptarlos para realizar trabajos fuertes y mal pagados, y luego someterlos a repatriaciones abruptas e indiscriminadas. En la tensión entre ilegalidad, abuso y miseria radica el dilema de la migración haitiana a territorio dominicano.

Se sabe muy bien que los países con mayor nivel de bienestar y posibilidades laborales enfrentan una presión migratoria, más aún si la disparidad de oportunidades ocurre entre dos países fronterizos. Por eso, la migración haitiana es y seguirá siendo un problema crucial para los dominicanos.

Para ilustrar, se estima que alrededor del 70% de la población adulta haitiana carece de empleo regular en su país y el sistema productivo es prácticamente inexistente. Además, Haití carece de un Estado funcional y no se vislumbra por el momento una salida política a sus conflictos internos.

Emigrar a la República Dominicana es la única opción de sustento básico que tienen muchos haitianos. Aquí radica el origen de la presión migratoria.

Por décadas, además, los gobiernos dominicanos han fomentado o tolerado esa migración para ofrecer mano de obra barata a empresarios locales, sobre todo en el sector agrícola y de la construcción, permitiendo también que funcionarios civiles y militares saquen provecho del tráfico de seres humanos. Aquí se origina la irresponsabilidad dominicana.

Aunque esta migración beneficie económicamente a algunos empresarios y funcionarios gubernamentales, el flujo de inmigrantes haitianos tiene un alto costo social para la República Dominicana, porque cuando los inmigrantes se establecen en un país nuevo no pueden ser solamente explotados; necesitarán servicios de salud, educación y vivienda.

Pero con los bajos salarios que reciben los inmigrantes haitianos no hay posibilidad de que ellos puedan pagar por esos servicios. El Estado, entiéndase la sociedad dominicana, tiene entonces que costearlos, por mínimos y precarios que sean. De no hacerlo, prolifera el analfabetismo, el hacinamiento y las enfermedades que retardan considerablemente el desarrollo.

Por otro lado, una masa de inmigrantes indocumentados dispuesta a trabajar por bajos salarios y sin garantías laborales, deprime los salarios generales en la economía y elimina la posibilidad de que los trabajadores dominicanos de menores ingresos experimenten una mejoría laboral.

En los países más desarrollados, el impacto económico de la migración de obreros de bajos salarios no es tan negativo porque la mayoría de la población tiene ingresos adecuados y disfruta de buenas condiciones laborales. Pero en un país subdesarrollado como la República Dominicana, un flujo de inmigrantes pobres (con o sin documentos legales), disminuye sustancialmente la posibilidad de mejorar las condiciones laborales y de vida de muchos dominicanos pobres.

Además, para que una sociedad con flujo migratorio pueda progresar, tiene que ofrecer diversos subsidios públicos a los inmigrantes, de manera que puedan eventualmente integrarse a la nueva sociedad en que se han radicado.

Como la República Dominicana no cuenta con una buena oferta de servicios públicos, ni siquiera para los dominicanos, la posibilidad de que los haitianos se integren mediante un mejoramiento en sus condiciones de vida es prácticamente inexistente. La gran mayoría permanecerá marginada y empobrecida.

En el plano internacional, quien pierde credibilidad con el asunto de la migración haitiana es la República Dominicana. Se le califica, con razón, como un país que tolera y se aprovecha de la sobreexplotación de la mano de obra haitiana sin otorgar derechos ni protección laboral.

Esta situación debe cambiar, y mientras más rápido mejor. El comienzo de la solución no radica en atizar el nacionalismo xenófobo que define lo haitiano como lo peor, ni tampoco en la defensa irrestricta de la migración haitiana a territorio dominicano.

La solución proviene de que el gobierno y la sociedad dominicana asuman como una prioridad nacional la definición e implementación de una política migratoria con parámetros jurídicos claros y acorde con los derechos humanos y laborales.

Es hora de terminar con la complacencia dominicana hacia funcionarios civiles y militares que no cumplen adecuadamente con su función de control fronterizo. Y hay que combatir también las prácticas empresariales semi-esclavistas, caracterizadas por el pago de muy bajos salarios y la carencia de prestaciones laborales, que se sostienen con mano de obra haitiana.

Si la economía dominicana necesita inmigrantes para funcionar, el país debe establecer una política migratoria ordenada y estar dispuesto a asumir el costo social que conlleva albergar inmigrantes pobres. Si no, debe entonces reducir al mínimo el ingreso de haitianos, aunque se quejen algunos empresarios dominicanos, el gobierno haitiano o cualquier entidad internacional.