Hoy 
LOYDA PEÑA
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El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, declaró ayer que la sugerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que en el país haya una Ley de Garantías Electorales, es una iniciativa que ese organismo ya había tomado.
Dijo que gran parte de los señalamientos del organismo internacional en su informe sobre la observación que hizo al proceso electoral dominicano que concluyó el 16 de mayo pasado, acerca de cómo debe desarrollarse la campaña electoral, estaba contenido en el proyecto de Reglamento de Campaña que elaboró la JCE, y que lamentablemente no fue aceptado por los partidos políticos.
Todo eso ya había sido previsto por nosotros y los partidos lo rechazaron, pero lo cierto es que ahora se presenta la oportunidad de buscar el consenso para que ese Reglamento de Campaña vaya al Congreso Nacional y se convierta en ley, subrayó el presidente de la JCE.
En torno al planteamiento para que se analicen métodos de elección de los miembros de la JCE sobre la base del consenso, Castaños Guzmán se limitó a comentar que prefería adherirse a lo que sobre el particular se proponga en el proyecto de reforma Constitucional que, en su oportunidad, someterá el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Recordó que ese proyecto es producto del trabajo que hizo una comisión que de acuerdo a su visión fue plural para una Reforma Constitucional y que estuvo integrada por reconocidos juristas y catedráticos universitarios, entre quienes estuvo él.
La JCE contrata consorcio que auditará proyecto automatización
La Junta Central Electoral (JCE) contrató al Consorcio RSM-BPAM, Pellerano & Herrera, Soriano Martínez y Asociados, para que realice una auditoría Legal-Contractual, Informática y Financiera al proyecto de automatización de los registros Civil y Electoral que ejecuta el Consorcio Soluciones Modernas (SOMO).
La finalidad del experticio por el cual la JCE pagará US$553,000, equivalentes a RD$18.8 millones, es determinar si la cantidad y la calidad de los trabajos realizados por SOMO hasta la fecha tienen las características técnicas acordadas en el contrato firmado el 13 de octubre del 2004 por la JCE que presidió el doctor Luis Arias, por un monto de US$62.7 millones.
Mediante esta auditoría la JCE quiere comprobar, entre otras cosas, si el sistema biométrico instalado para evitar la duplicidad de la identidad tiene la capacidad y las garantías técnicas, así como los cerrojos de seguridad establecidos en el sistema AFIS; cuántas imágenes se han escaneado, de un total de 24 millones contratadas; si los Harward y Sofware están en capacidad de capturar las huellas dactilares y unificar el registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral, y si el sistema cumple con los estándares internacionales de tecnología aplicada.
