Hoy 
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Con dos tercios del Senado de la República, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tiene la oportunidad de afianzar el sistema electoral integrando la Junta Central Electoral (JCE) con abogados sin militancia partidista capaces de aplicar la ley sin complacencias.
El Senado ha dado un paso acertado al abrirse a recibir propuestas de la ciudadanía y sus instituciones para escoger los jueces electorales en un proceso que debe revestirse de total transparencia y culminar en un amplio consenso que acredite el sistema partidista.
En la última década se han registrado importantes avances en el sistema electoral dominicano, revestido de múltiples garantías, pero la desconfianza en los jueces electorales ha sido un factor de contradicción e incertidumbres que debe ser superado definitivamente.
Un buen comienzo
El proceso para escoger los integrantes de la Junta Central Electoral arrancó con buen paso cuando el Senado integró una comisión con representación de los voceros de los tres partidos mayoritarios y abrió un período para recibir candidaturas de los diversos sectores sociales.
El plazo para recepción de candidaturas estará abierto hasta el próximo día 28 y se ha prometido un mecanismo de consultas que incluirá entrevistas personales con los aspirantes hasta el 16 de octubre de cara a un ejercicio transparente y a los fines de que la sociedad dominicana dé seguimiento al proceso.
Para que el proceso sea más positivo la comisión, encabezada por el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, bien podría convocar a una vista pública para que cualquier institución o persona interesada pueda ponderar las propuestas o formular las objeciones que estimen convenientes.
Las condiciones para optar para juez electoral son básicamente las establecidas en la Ley electoral: dominicano o dominicana en pleno ejercicio de sus derechos, 35 años mínimo de edad, con 12 de ejercicio profesional. Se ha agregado no tener antecedentes penales ni estar bajo acción de la justicia, tener una conducta notoria intachable, capacidad demostrada, actuar con transparencia e idoneidad y ser propuesto por una persona física o moral.
Los conflictos políticos, las incertidumbres y objeciones derivados de las dos últimas elecciones de los jueces electorales escogidos unilateralmente por mayorías perredeístas, aunque la mayoría no eran militantes partidarios, deben ser evitados esta vez. El PLD que estuvo a la cabeza de las objeciones debe dar una demostración de coherencia buscando el consenso y atendiendo los reclamos de la sociedad civil organizada.
Ventajas del apartidismo
Aunque la ley no establece el requisito de ser apartidista, lo más conveniente sería que los miembros de la JCE no sean militantes y mucho menos dirigentes de los partidos políticos, acatando el sabio principio de que no se puede ser juez y parte a la vez.
No se trata de que elijan a dirigentes de las organizaciones sociales, cosa que ninguna de las más interesadas en la transparencia ha reclamado, sino entre un amplísimo margen de abogados sin militancias partidista que los aten, preferiblemente de los ámbitos académicos y sociales interesados en el progreso de la institucionalidad democrática.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y numerosas entidades y personalidades han insistido en los últimos años en reclamar jueces electorales independientes de los partidos. No están postulando a sus propios miembros ni pretenden competir con las organizaciones políticas.
Un perfil difundido por Participación Ciudadana reclama jueces que no sólo conozcan la Constitución y la Ley Electoral, sino también los problemas sustanciales que afectan al sistema electoral dominicano, al registro civil, a los partidos políticos y a los otros componentes relacionados con la actividad electoral.
Fundamenta la procedencia de jueces que no sean dirigentes comprometidos con los partidos políticos en evitar que una aguda politización del organismo cree un ambiente electoral de inseguridad y desconfianza. En otras palabras que un árbitro sin compromiso con los actores políticos tiene mayores posibilidades de apegarse a la imparcialidad que debe caracterizar su misión.
Una JCE con ciudadanos sin militancia partidista tiene más posibilidades de aplicar la Ley Electoral en aspectos fundamentales que no se han cumplido hasta ahora, como por ejemplo en los límites de tiempo de las campañas electorales, en la elección democrática de candidatos, en impedir el abuso de recursos estatales en las campañas electorales, y para vigilar las fuentes de financiamiento de los partidos y candidatos y auditar el destino del dinero que se les aporta del presupuesto nacional.
Fernando Tuesta, ex presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Perú, quien participó la semana pasada en un seminario efectuado en esta capital bajo los auspicios del Consejo Económico, Social e Institucional, advirtió que la elección de árbitros sin militancia partidista es necesaria para no perder la confianza de la ciudadanía en la transparencia electoral.
Sobrarán los candidatos
Antes de que el Senado se abriera públicamente a la recepción de candidaturas, ya se habían presentado cerca de medio centenar. Y por lo que se ha escuchado podrían aparecer todavía algunas decenas más. Aún entre los primeros ya hay suficientes abogados que llenan el perfil del juez electoral, incluyendo varios que fueron en el pasado reciente miembros eficientes de la JCE, como los doctores Julio César Castaños Guzmán, Aura Celeste Fernández y Alejandro Asmar Sánchez. Suenan también Ana Teresa Pérez, Juan Sully Bonnely y Rafael Vallejo.
En la primera lista entregada por la comisión senatorial resaltan ocho reconocidos abogados, propuestos por la Asociación Dominicana de Profesionales en Administración y cinco presentados por el Movimiento de Renovación Jurídica, varios de los cuales tienen además experiencia gerencial.
Tales son los casos de los doctores Raymundo Amaro Guzmán, Víctor Melitón Rodríguez, Heriberto Montás Mojica, Luis Scheker Ortiz, Teobaldo Rodríguez, Juan Brea, Cristóbal Rodríguez Yanguela, Luis Mera Alvarez, Guillermo Moreno García, Rosalía Sosa Pérez, Franklin García Fermín y Trajano Vidal Potentini, quien además tiene el aval de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
En la lista figura el doctor Mariano Rodríguez Rijo, presidente de la Junta Electoral del Distrito Nacional, y funcionarios de la JCE con experiencia como Blaurio Alcántara, Antonio Lockward Artiles y el oficial civil Luis Felipe Rodríguez, con amplio aval de iglesias y organizaciones populares.
Aunque no habían sido formalizados como candidatos, han circulado currículos de los doctores Carmen Amelia Cedeño, Abigail Cruz Infante, Jesús María Hernández Sánchez y Andrés Bienvenido Figuereo Méndez.
Reformas pendientes
La semana pasada el presidente Leonel Fernández propuso, evidentemente para una próxima reforma constitucional, que los miembros de la JCE sean electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que en su momento debe ser ponderado, aunque algunos sectores consideran que no cambiaría el influjo político, y poco práctico ante la eventual renuncia o fallecimiento de un miembro.
También se ha debatido la posibilidad de reducir el número de jueces, elevado de 7 a 9 hace cuatro años cuando se crearon las cámaras administrativa y contenciosa dentro de la JCE, pero básicamente para que el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano propusieran sendos miembros, debido a que la integración se hizo sin su consenso. Para esto bastaría una reforma de la Ley Electoral.
En materia electoral la principal reforma pendiente, de orden constitucional, es la separación total de las funciones administrativas de las contenciosas, para lo cual habría que crear un tribunal electoral, que nada tenga que ver con la JCE que debería quedar como organismo organizador de elecciones, como se ha establecido en muchos países. En el esquema actual aún los integrantes de la cámara contenciosa se involucran directamente en labores organizativas de los comicios y forman parte del pleno que decide en esta materia.
La crisis electoral por la que atraviesa México habría sido peor de no haber existido el Tribunal Electoral de la República Mexicana, como organismo totalmente separado del Instituto Federal Electoral que organizó el proceso y fue acusado de parcialidad por los objetores del mismo.
Entre las reformas que se han barajado al sistema electoral dominicano está una ley de partidos políticos que reglamente las elecciones primarias y de dirigentes, y más claramente la recolección de apoyo financiero.
El PLD, que por primera vez tiene mayoría absoluta en ambas cámaras legislativas y promueve una reforma constitucional de fondo, tiene la oportunidad de actuar en coherencia con sus planteamientos del pasado, muchos de los cuales figuran en su programa de gobierno.
La elección de la JCE será su primera oportunidad para auto limitarse su poder político demostrando que no todos los partidos son iguales, que plantean una cosa desde la oposición y hacen otra cuando gobiernan.
