“Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o
sea malo.” 2 Corintios 5,10.
Las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE) han tenido un comportamiento dudoso
desde mayo pasado, cuando su presidente Julio César Castaño dijo “no hay vuelta atrás”,
en eliminación parcial del arrastre, una declaración inoportuna y dictatorial que llevó a los
partido al Tribunal Superior Electoral (TSE).
Desde entonces su accionar ha sido cuestionable, lo que la coloca en tela de juicio, por la
negativa del organismo a realizar una auditoría técnica a los equipos antes de las pasadas
primarias de octubre, se ha puesto en evidencia, cuando técnicos revelaron la vulnerabilidad
del sistema, al indicar que el código QR de las cédulas podrían ser leído de cualquier
teléfono móvil, mediante una fotografía.
La queja se ha mantenido en los partidos de oposición que buscan imparcialidad de los
Jueces en los venideros procesos electorales del 16 de febrero y 17 de mayo. La manera
autoritaria con la que se manejan, ha conllevado que la mayoría de sus decisiones sean
conocidas por tribunales.
Hasta ahora la JCE sigue dando un manejo equívoco frente a la sociedad que hoy está
exigiendo un cambio en el modelo de gobierno y no permitirá que la democracia sea
quebrantada.
El aporte que hace la Embajada Estadounidense a través de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), financiando la auditoría que será realizada
por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), da un poco de confianza
sobre el futuro de nuestro país.
Hoy cuando estamos a cuatro meses de las elecciones presidenciales, el candidato del
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader tiene una amplia ventaja según todas
las encuestas, intención que sería difícil que varié, la JCE tiene que hilar fino, ante este
proceso.
Antes de que llegue el juicio final los partidos de oposición deben unificar fuerzas, para
hacer presión ante una parcialización que a la vista de todos maniobra a favor del
oficialismo.
La República Dominicana es un país que necesita mantener su paz y cualquier intento de
violentar la voluntad popular traerá un gran desasosiego a nuestra sociedad, la que no debe permitirse.