POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
A seis meses de las elecciones presidenciales parece necesario que la Junta Central Electoral (JCE) logre una dosis significativa de cohesión interna que le permita garantizar un proceso electoral sin traumas que afiance la aún débil democracia dominicana, contra la que conspira el desbordado ajetreo partidista.

 El desafío a la autoridad del organismo rector de las elecciones por parte de los partidos mayoritarios que inciden en su seno lo está dejando mal parado, por lo que urge un entendimiento que abra una amplia puerta a la reglamentación de la campaña electoral, evitando que una vez más necesite el auxilio de comisiones externas.

 Todo parece indicar que una vez más el reeleccionismo pondrá en jaque la democracia y que todavía las instituciones dominicanas no alcanzan el grado de fortaleza necesario para disminuir la rémora del presidencialismo en el proceso de institucionalización democrática.

La JCE en crisis

 La resolución 07-2007 de la Junta Central Electoral que dispuso el 7 de Noviembre la suspensión de un mensaje televisivo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el que se empleó un miembro activo de las Fuerzas Armadas en   violación de preceptos constitucionales y legales, y que al mismo tiempo suspende la promoción de todos los candidatos hasta que se proclame el inicio formal de la campaña electoral, ha generado lo que se puede catalogar como una crisis de credibilidad.

 La crisis tiene una doble connotación, al interior de la JCE, por el enfrentamiento entre algunos de los jueces titulares, y al exterior por la decisión de los partidos mayoritarios de proseguir su campaña proselitista, lo que sienta un peligroso precedente en un proceso electoral que se proyecta conflictivo.

 Tanto las encuestas como la percepción general indican que, a diferencia de las dos anteriores elecciones presidenciales, esta vez ninguno de los candidatos alcanzaría una victoria en la primera votación, lo que obligaría a una segunda ronda con proyecciones conflictivas.

 Ya se expresan temores de que el reeleccionismo vuelva a constituirse en una amenaza a la transparencia democrática, como ha sido tradición en la historia del país, y que en el 2004 generó un clima de incertidumbre dañino para la estabilidad económica e institucional.

 En ese escenario es fundamental un arbitraje electoral libre de la presión de los partidos políticos, especialmente del que ejerce el poder, para que pueda contener los posibles desbordamientos, como los que ya comienzan a manifestarse en abundante promoción pagada por organismos del Estado.

Conflictiva resolución  

 Desde que a comienzos del mes pasado un grupo de oficiales militares retirados vinculados al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) denunció ante la JCE  que un teniente activo de las Fuerzas Armadas era el protagonista de una promoción televisiva del presidente Leonel Fernández, postulado por el PLD a la reelección, era obvio que procedía disponer la suspensión del mensaje, como desde el primer momento lo preanunció el presidente del tribunal electoral, doctor Julio César Castaños.

 Si había alguna duda quedó disipada cuando la secretaría de las Fuerzas Armadas dispuso la cancelación del oficial actor Elías Caamaño Pérez. Pero aún después de eso la JCE tuvo la debilidad de pedir la opinión del PLD que se negaba a retirar la promoción. Y se dio un plazo de dos semanas para decidir.

 Cuando el organismo electoral vino a adoptar la decisión ya la promoción se había difundido miles de veces durante un mes, hasta la saturación, al punto de que el PLD de inmediato anunció su retiro. Su mantenimiento tras la cancelación del mayor del Ejército Nacional fue una demostración de prepotencia, puesto que en esas circunstancias el mensaje adquiría la categoría de conflictivo y perdía eficacia.

La decisión de la JCE tuvo el agravante de que, en un intento salomónico mal hilvanado, fue acompañada de la prohibición de la publicidad electoral de todos los partidos hasta que se declare abierta la campaña electoral. Pero este aspecto es parte del proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral que lleva cinco meses en discusión, y cuyo conocimiento no figuraba en la agenda de la sesión del día 7.

 La resolución sobre un tema no contemplado en la agenda es lo que da paso a la rebeldía del juez Eddy Olivares Ortega, quien se ampara en el artículo 9 de la Ley Electoral que dispone que en las convocatorias del Pleno de los jueces se debe indicar con 48 horas reanticipación los temas a tratar.

 Los partidos mayoritario, primero el PLD y luego el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano, han aducido que el Proyecto de Reglamento viola la constitución al establecer límites al proselitismo electoral, aunque el artículo 92 de la Constitución otorga facultad a la JCE para «juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley».

 Al negarse a acatar la disposición que prohíbe la publicidad electoral los partidos dejan mal parada la autoridad de la JCE, cuyo presidente respondió indicando que no darán marcha atrás, aunque carecen de recursos para hacerla cumplir.

La repercusión interna

 La situación es más delicada por cuanto la  autoridad de la JCE no sólo está siendo cuestionada externamente, sino que de nuevo evidencia su falta de cohesión interna, lo que viene afectando su imagen casi desde la elección de sus actuales miembros titulares, que han discutido públicamente sus diferencias, protagonizando enfrentamientos hasta personales.

Los primeros choques públicos estuvieron determinados por la cuestionada asignación de incentivos salariales, luego sobre la contratación de una firma para auditar el contrato de compra de equipos para el registro civil y más tarde en torno al Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral y las facultades de la Cámara Administrativa.

Esta vez el juez Olivares sacó a la luz pública su rechazo a la resolución sobre la publicidad electoral, mientras su colega John Guiliani recordaba que éste fue propuesto para el cargo por el PRD, al igual que Roberto Rosario y César Francisco Féliz por el PLD y el PRSC, respectivamente, algo innecesario pues es de público dominio desde su elección. La confrontación ha alcanzado ribetes personales, incluyendo la petición pública de Guiliani de que el Pleno sancione a Olivares.

Es difícil prever que una sanción resuelva la crisis, y más bien podría agravarla, sobre todo porque la rebeldía de Olivares está motivada en la resolución sobre una materia no contemplada en la agenda de la convocatoria, y porque se adhiere a los cuestionamientos de los partidos y buena parte de la opinión pública al Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral.

Urgencia de acuerdos

Los partidos políticos y todas las instituciones interesadas en el fortalecimiento del proceso democrático tienen que ayudar a la JCE a salir del pantano, pero los jueces tienen que ayudarse a sí mismos en primer lugar, poniendo fin definitivamente a sus enfrentamientos públicos.

Tendrán que comprometerse firmemente a resolver internamente sus diferencias y terminar de decidir qué hacer con el proyectado reglamento electoral, al que los intereses partidistas y de la industria de la comunicación se oponen bajo argumento de inconstitucionalidad.

El haberse tomado cinco meses, debatiendo en público sus diferencias   sobre la reglamentación, mientras los partidos desarrollaban las actividades propias del período de campaña electoral ha permitido el fortalecimiento de las posiciones de quienes se oponen a toda restricción del desbordado y costoso laborantismo político.  

Existe el agravante de que la JCE y la generalidad de las instituciones nacionales todavía no muestran el valor y la fuerza necesaria para establecer límites al uso de los recursos estatales para fines proselitistas, especialmente cuando el presidente de turno busca su reelección. Porque casi todo el gobierno andaba en campaña electoral fue que el último fin de semana de octubre no hubo posibilidad de adoptar las disposiciones preventivas que demandaba la tormenta Noel. Trece de los 16 secretarios de Estado orgánicos forman parte del comando de campaña del partido oficial, además de otra docena de altos funcionarios.

 No falta razón a los partidos de oposición para rechazar la prohibición de la limitación de su propaganda electoral, si la medida no va acompañada de igual restricción a la promoción de la obra del presidente candidato que  hacen numerosos organismos estatales, pagada con fondos del Presupuesto Nacional, utilizando incluso sus propias frases de campaña electoral.  

Todo parece indicar que la positiva intención de instituir reglamentaciones a la campaña electoral va, como ocurrió en el 2004, en camino al fracaso y que la nación seguirá pagando un alto costo económico e institucional en la presente campaña electoral. Los límites abundan en las legislaciones del mundo democrático, incluyendo a la mayoría de los países latinoamericanos.

Pero en la República Dominicana prevalece un salvaje pragmatismo político. No sólo está en vías de fracasar el Proyecto de Reglamentación de la Campaña Electoral, sino que otro proyecto para reglamentar la contabilidad y transparencia del financiamiento, también preparado por la Cámara Administrativa de la JCE, ni siquiera tendría ya posibilidades de ser considerado.-