Con la proclamación de Luis Abinader y Raquel Peña como presidente y vicepresidenta de la República, la Junta Central Electoral (JCE) cierra un ciclo de tensiones que iniciaron con las objetadas primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la suspensión de las elecciones municipales de febrero del 2020, hasta la posposición de las presidenciales y congresuales por la pandemia covid-19.

En esos escenarios la credibilidad de los miembros del organismo cayó en picada, en un contexto en el que, la oposición política, temía que el partido de Gobierno desbordara los límites que imponen la Ley Electoral y la Ley de Partidos sobre el uso de los recursos del Estado para favorecer a los candidatos oficialistas.

El Pleno de la JCE está integrado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, Roberto Saladín, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano y Henry Mejía, quienes durante nueve meses soportaron fuertes críticas y cuestionamientos a su desempeño.

Pero la legitimidad de las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de este mes, a excepción de algunos ruidos que persisten por la aplicación del método D’Hondt en la distribución de los escaños en la Cámara de Diputados, liberó a los miembros de la JCE del peor período vivido desde que fueron designados en 2016.

La avanzada de la crisis. El resultado de las primarias del PLD, para escoger a su candidato presidencial, se convirtió en el preludio de la crisis en la que quedó empantanada la JCE.
En ese certamen, que se llevó a cabo el 6 de octubre de 2019, se utilizó el voto automatizado que la JCE tenía previsto instalar para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2020.

El triunfo de Gonzalo Castillo, frente al expresidente Fernández, salpicó de dudas la efectividad del voto automatizado.

Aunque Fernández denunció que hubo una manipulación de los algoritmos en los equipos, para alterar los cómputos y favorecer a Castillo, ninguna queja surgió del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que hizo sus primarias simultáneamente con las del PLD y con equipos similares.

Ante las exigencias de Fernández, la JCE contrató a la empresa Alhambra Eidos y a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) para hacerle una auditoría forense a los equipos.
Esas investigaciones determinaron que no hubo ningún código malicioso que afectara el proceso en las primarias, y que no se hallaron anomalías en la cadena de custodia, código de fuente y en los mecanismos de transmisión de las votaciones.

Con ese visto bueno, la JCE dispuso que el voto automatizado se usara en las elecciones municipales del 16 de febrero del 2020, pero solo en 18 municipios porque en los restantes se usarían boletas impresas.

Un libreto inesperado en febrero. Con la seguridad de que todos los cabos estaban atados, la JCE se embarcó en la coordinación de las elecciones municipales con un sistema automatizado preparado por sus técnicos.

Pero a pocas horas de iniciarse el proceso hubo fallas en los equipos, porque a las pantallas no subía la data completa con la información de los candidatos participantes.
De inmediato, Castaños Guzmán anunció la posposición de esos comicios para el 17 de marzo; pero a la par se tejieron una serie de conjeturas sobre un supuesto sabotaje, y un posible intento de fraude del que habrían sido testigos un empleado de una empresa telefónica y un militar de la seguridad Abinader, el entonces candidato presidencial del PRM.

La posposición de esas elecciones creó un clima de incertidumbre e inestabilidad política, atizado por las protestas de miles de jóvenes que, apostados en la Plaza de la Bandera, frente a la sede de la JCE, expresaban su repudio a los abortados comicios.

A las manifestaciones se sumaron los cacerolazos en repudio al Gobierno, y los partidos opositores, sobre todo la Fuerza del Pueblo, el nuevo partido de Fernández, y el PRM, advertían que todo obedecía a un plan del PLD para mantenerse en el poder.

Sin embargo, la auditoría forense que hizo la Organización de Estados Americanos (OEA) a los equipos, a requerimiento del Gobierno, evidenció solo errores humanos porque no hubo signos de sabotaje o intento de fraude, pero atribuyó las fallas a una mala gestión de la Dirección de Informática de la JCE.

Esas fallas echaron por la borda una inversión, solo en equipos, ascendente a RD$1,038 millones.
Posteriormente, las elecciones municipales se efectuaron sin contratiempos, desestimándose por completo el voto automatizado.

Con la covid-19 de frente. Las elecciones municipales se llevaron a cabo cuando se registraron los primeros casos de covid-19 en el país. Pero el incremento vertiginoso de los contagios obligó a la JCE a suspender las presidenciales y congresuales que estaban pautadas para el 16 de mayo, para realizarlas el 5 de este mes.

Las tensiones de ese momento giraban en torno a la posibilidad de una nueva suspensión para evitar los contagios, en un escenario en el que el mandato de las autoridades vigentes concluye el 16 de agosto.
En esa coyuntura hubo juristas que abogaron por una extensión del período presidencial de Danilo Medina, y otros plantearon que se debía dotar a la JCE de un marco jurídico que le permitiera ejercer las funciones del Poder Ejecutivo de darse ese vacío.
Pero ese no fue el único ruido que se produjo. El voto de los dominicanos en el exterior, condicionado esta vez a la situación sanitaria provocada por la citada pandemia, generó tensiones entre la JCE, los partidos opositores y el PLD.
En ese fuego cruzado Castaños Guzmán afirmó que esas elecciones se realizarían contra viento y marea. El 5 de este mes, alrededor de las 8:00 de la noche, el primer boletín dio como ganador a Abinader, tendencia que se mantuvo hasta convertirse en el nuevo presidente de la República.