ROSARIO ESPINAL
La JCE lleva una carga pesada. Palo si boga y palo si no boga. No ha llegado la fecha de la proclama oficial, pero los partidos hace tiempo están en campaña. Si la Junta se hace de la vista gorda, la atacan porque no regula la publicidad y el bandereo. Pero si se envalentona y ejerce su autoridad, la acusan de beneficiar al gobierno o atentar contra la libertad de expresión e igualdad de competencia.

Ante la reciente resolución que prohíbe la publicidad partidaria, surge la pregunta: ¿Ha evaluado la JCE las consecuencias políticas de su decisión?

Si la medida se acata se anotarán un triunfo y transformarán en aspectos esenciales la forma de hacer política electoral en el país. Pero si no se acata, la credibilidad de la Junta quedará maltrecha. Se verá como un órgano carente de autoridad y capacidad.

El asunto es complejo y la decisión fue arriesgada, independientemente de su motivación.

La mejor forma de hacer campaña que tiene un gobierno es su propia gestión. A falta de eso, tiene que convencer a la población a través de la publicidad de que gobierna bien, o mejor que los demás.

Si se prohíbe la publicidad política, el gobierno sigue contando con obras para promocionarse, mientras que la oposición no tiene mecanismos de ejecución comparables.

Pero si la promoción electoral se deja al libre albedrío de los partidos, la función pública se empobrece mucho.

Del lado gubernamental se infla lo que se hace con publicidad. Además, el gobierno siempre mantiene en nómina periodistas y opinantes, a la vez que nutre con anuncios los cofres de las estaciones de radio, televisión y periódicos.

La oposición, por su parte, cuando está inmersa en un electoralismo constante, se concentra en criticar incisivamente al gobierno en vez de aportar para el bienestar del país. También gasta mucho en promoción y tiene voceros pagados con el objetivo esencial de socavar las bases de apoyo gubernamental para mejorar su posición electoral.

La democracia tiene indiscutiblemente grandes virtudes, pero la constante confrontación entre las fuerzas políticas con el objetivo de ganar elecciones es una de sus grandes perversidades.

En sociedades donde la política no es tema central porque la mayoría de la gente busca sus beneficios y placeres en otras actividades, la ciudadanía se torna un tanto indiferente ante la excesiva promoción.

Pero en países como República Dominicana donde la política es fuente principal de entretenimiento, enriquecimiento o subsistencia, el electoralismo y la publicidad constante representan una desviación de las tareas y prioridades públicas.

La decisión de la JCE de prohibir la publicidad política pone en el tapete el asunto constitucional porque la libertad de expresión, ya sea para beneficio particular o general, es esencial en una democracia.

Entonces, ¿puede la JCE restringir la publicidad política sin vulnerar derechos? ¿Aceptarán los partidos las prohibiciones? ¿Acatarán los dueños de medios de comunicación y los productores de programas una restricción que les traerá grandes pérdida de ingresos?

He planteado en varios artículos, y ahora lo repito, que las campañas electorales en la República Dominicana difícilmente podrán ser reguladas.

La razón principal no es que se violarían derechos constitucionales, sino que la política se ha convertido en un sector importante de la economía, y las campañas generan un gran flujo de dinero que beneficia a activistas políticos, medios de comunicación, comunicadores y publicistas.

Todos los afectados potenciales, que tienen gran fuerza en la opinión pública, se opondrían a las medidas regulatorias. Cuentan para hacerlo con sólidos argumentos como las restricciones a la libertad de expresión y la desigualdad en la competitividad electoral.

Las elecciones son el mercado político por excelencia de la democracia moderna. Como en todo mercado, si las reglas son claras y se cumplen, las transacciones podrían generar algunos beneficios colectivos.

Lamentablemente, en los mercados los agentes buscan muchas veces la ganancia particular por encima del bien común. Por eso, en vez de pausa en la publicidad política, en el país habrá más vocinglería a pesar de la controversial resolución de la JCE.