El anuncio del Presidente de la Junta Central Electoral de que ese organismo suprimirá servicios de identificación y operatividad fundamentales, en respuesta a que el Proyecto de Presupuesto Nacional no contiene todas las aspiraciones financieras de su dirección, a tres años de las próximas elecciones; su renuencia a que se supervise el manejo de los fondos que esta maneja y su retraso en el pago de la regalía, dan la medida de las distorsiones y falta de transparencia que aquejan al sistema electoral dominicano. v
Por razones de espacio voy a enumerar solo algunas d distorsiones y opacidades
1) La Ley Electoral es la única Orgánica que no se ha dictado, a pesar de que la Constitución se aprobó hace casi dos años.
2) Habiendo un Tribunal Superior Electoral, no se justifica el monopolio de los abogados de la JCE.
3) No se explica porqué se ha aumentado a más de cuatro mil los empleados fijos de la JCE en un período no electoral, la más alta burocracia del mundo, de acuerdo a su población. Tampoco las decenas de millones de pesos que gasta en publicidad, y los festines a cargo de la institución. Se ignora dónde fueron a parar los US$62 millones recibidos en su momento para el voto electrónico: y se pretende establecerlo ahora sin someterlo a una prueba.
4) No es posible que las juntas municipales y oficinas del exterior sean manejadas por el Presidente de la JCE a través de los Secretarios e inspectores que deciden al margen de los presidentes y demás miembros de juntas y partidos reconocidos, que son los verdaderos actores electorales.
5) No se adoptan políticas para evitar que en los partidos se señalen los candidatos por simples mandatos, y otras acciones dictatoriales y antiestatutarias de sus directivos.
6) No deben reservarse más de 10 candidaturas congresuales para líderes nacionales de los Partidos.
7) No deben faltar elecciones primarias simultáneas que eviten los fraudes y el tráfico de listas partidarias.
8) Que se prohíba la selección de candidatos a puestos de elección popular por mandatos personales a dirigentes.
9) No hay una fiscalía electoral de jurisdicción nacional de selección consensuada para perseguir las violaciones.
10) Que se combata el transfuguismo, prohibiendo candidaturas no aprobadas por los partidos y que pierdan sus curules quienes apoyan a candidatos de partidos no aliados, para cargos de direcciónl.
11) Que se puedan contar los votos de colegios que sean objetados en las juntas locales o la JCE, a solicitud de los delegados acreditados, que hoy no se permite.
12) Debe permitirse que mantengan su personería jurídica los partidos que pierdan representatividad por escasez de votos.
Estas y muchas otras fallas y limitaciones deben ser corregidas en el sistema electoral, con la participación de la OEA otros organismos internacionales y los partidos políticos dominicanos, para evitar sacudimientos políticos, económicos y sociales de imprevisibles consecuencias.