Los partidos políticos no han esperado la apertura oficial de la campaña electoral para lanzarse a promover alianzas bajo compromisos diversos y candidaturas para unas elecciones complejas porque unifican nuevamente la escogencia de Presidente y Vicepresidente con la justa para legisladores y autoridades municipales. Esta carrera hasta la fecha de las votaciones supone el uso de una inmensa cantidad de recursos, entre los cuales hay que citar los del Estado.

En el Párrafo IV del Artículo 212 de la Constitución se consigna que la Junta Central Electoral (JCE) velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en el uso del financiamiento y que tiene facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña. La Ley Electoral 275-97 y las modificaciones introducidas con la Ley 2-03 le confieren otros poderes para solucionar cualquier situación del proceso.
Todas las facultades y poderes que la Constitución y las leyes le confieren a la JCE son, al mismo tiempo, un mandato que este organismo deberá cumplir al pie de la letra para apuntalar las garantías del sistema democrático. Y todos los partidos y movimientos que participarán en la contienda deberán someterse a las normas que dicho organismo está llamado a administrar.

Prisiones: una bomba social

La superpoblación de las cárceles se ha convertido en un elemento de trastorno social que agrava la inseguridad ciudadana. En estos centros de hacinamiento surgen liderazgos bastardos que propician tumultos como el ocurrido el sábado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde se produjo un motín que dejó un preso muerto y varios heridos entre internos y policías. La refriega fue un intento por impedir el traslado de varios reclusos a otros recintos.

Aunque se ha avanzado en modernización de algunas prisiones hasta hacerles merecedoras de la categoría de “modelo”, el penal de La Victoria sigue siendo en el sistema carcelario una muestra emblemática en lo que se refiere a régimen infrahumano de privación de la libertad. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de humanizar estas condiciones de apremio corporal.