La judicialización de los conflictos políticos puede considerarse como un paso de avance democrático, en el contexto de las garantías constitucionales, pero a la vez puede ser un elemento negativo en tanto esas organizaciones prefieran instancias externas para solucionar sus problemas.
Esos puntos de vista fueron expresados por los juristas Cristóbal Rodríguez y Eduardo Jorge Prats, al analizar el impacto de la judicialización de casos de índole política.
“Esa judicialización es positiva porque antes los problemas de los partidos se resolvían a balazos, pero ahora la ciudadanía se ha empoderado de la Constitución de 2010”.
Sin embargo expresó que, resulta preocupante, las críticas que se externan sobre las decisiones que toman esos tribunales, sin tomar en cuenta que la verdad jurídica se construye en el proceso deliberativo.
Rodríguez afirmó que la judicialización de los referidos conflictos es positiva, porque hay una ciudadanía más consciente y comprometida, pero rechazó que los partidos prefieran esas instancias a dirimir internamente sus problemas.
Fortaleza sistema
Nassef Perdomo no está seguro que el sistema de justicia esté en capacidad de recibir las presiones propias de los partidos, en sus ansias de judicialización de los conflictos, sobre todo en este contexto de elecciones municipales, congresionales y presidenciales.