Hoy 
El nuevo año encontrará a la Junta Central Electoral (JCE) sometida a los mismos cuestionamientos de que fue objeto durante todo el discurrir del 2003 que finaliza hoy.
En una aparente muestra de que la división de la JCE en tres instancias y la renuncia de su ex presidente, doctor Manuel Ramón Morel Cerda, no ha satisfecho a los sectores políticos y de la sociedad civil que así lo demandaron, aun persisten los reclamos para que ese tribunal haga nuevas modificaciones.
Corría el mes de enero de 2003 cuando en el marco del Diálogo Nacional, las tres principales fuerzas políticas, a instancia de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), así como de organizaciones de la sociedad civil que pedían la renuncia del doctor Morel Cerda, acordaron la modificación de la Ley Electoral 275-95.
Si traumático fue el camino que debió recorrer ese proyecto, que en principio encontró el rechazo del oficialismo en el Congreso Nacional donde debía ser aprobado, no menos lo fue luego de ser convertido en Ley por el Poder Ejecutivo, el 8 de enero del año que concluye.
La nueva Ley Electoral 02-2003 que dividió a la JCE en tres instancias: un Pleno, una Cámara Administrativa y otra Contenciosa, estableció además el aumento de 7 a 9, la matrícula de sus jueces, tarea esta última en la que las discusiones entre partidos políticos, sociedad civil y legisladores sobre quién y cómo debían elegirse los nuevos jueces, se prolongaron durante todo el mes de Febrero y al final resultó frustratoria para los promotores del proyecto de división de la Junta.
El PLD y el PRSC, partidos que llevaron la voz cantante en las denuncias sobre la supuesta vinculación de los entonces jueces de la JCE con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y específicamente con el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), optaron por «tranzarse» con el oficialismo, procurando un «equilibrio» político en el tribunal Electoral.
Sin embargo, la «nueva» JCE quedó conformada por los doctores Morel Cerda, quien la presidía; Luis Arias, Salvador Ramos, Nelson Gómez, José Luis Tavárez y Rafael Díaz Vásquez (a quienes se los vincula con el oficialismo); Luis Nelson Pantaleón González y Rafaelina Peralta (recomendados por el PRSC) y Roberto Rosario, por el PLD.
[b] EL VIA CRUCIS[/b]
Sorteados todos esos obstáculos, comenzó entonces la lucha a lo interno de la JCE, por el descontento de su presidente, el doctor Morel Cerda, quien al verse despojado por la nueva Ley Electoral de los poderes omnímodos que hasta entonces ostentaba, la calificó de «inconstitucional».
Bajo ese argumento, el 9 de enero el abogado Luis María Ruiz sometió por ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad a la nueva Ley Electoral 02-2003.
A raíz de entonces, y tal como lo expuso en su carta-renuncia dirigida al presidente del Senado en fecha 30 de Junio, el doctor Morel Cerda mantuvo en la JCE una actitud «recalcitrante» que llevó a ese organismo a la picota pública hasta su salida definitiva del mismo, el día 3 de julio.
Entretanto, Morel Cerda, a quien según sus propias palabras la reforma a la Ley Electoral 275-97 había dejado como un presidente «gomígrafo», trató de mantener su hegemonía en la JCE, primero, elaborando un Reglamento Interno a su medida que fue rechazado por el Pleno de la Junta, y segundo, haciendo denuncias de supuestos actos internos hasta entonces desconocidos por la opinión pública.
La situación de la JCE llegó a su punto más álgido después que el 19 de febrero el Pleno conformó las tres instancias en que está actualmente dividido ese organismo, y se eligió a los doctores Nelson Gómez presidente de la Cámara Administrativa y a Salvador Ramos, de la Contenciosa.
La reacción de la oposición a la forma en que quedaron constituidas las dos estructuras directivas de la JCE fue de rechazo, alegando que las mismas estaban dominadas por el PRD.
La Cámara Administrativa la integran además de Gómez, los doctores Díaz Vásquez y Peralta, mientras que la Contenciosa está conformada por Ramos, Ramón Antonio Hernández Domínguez (quien sustituyó a Arias cuando éste pasó a ocupar la presidencia de la JCE a raíz de la renuncia de Morel Cerda), Tavárez, Pantaleón González y Rosario.
Pese a los ingentes esfuerzos de sus miembros por demostrar la imparcialidad y transparencia de la JCE, al concluir el 2003, no ha podido borrar el estigma de perredeísta que parece tener impreso y que se ha matizado con las últimas decisiones de la Cámara Contenciosa, tanto en la litis interna del PRSC, como en la del PRD.
De nada le ha valido a los magistrados de la Cámara Administrativa, aclarar que las decisiones del tribunal Contencioso en nada entrañan responsabilidad del órgano encargado de la organización y montaje de las elecciones.
De ahí, que al concluir el 2003, al igual que en sus inicios, los partidos de oposición, específicamente el PLD, así como sectores de la sociedad civil, estén planteando nuevamente una reestructuración del tribunal encargado de organizar las elecciones presidenciales del próximo 16 de mayo del 2004.
Y como los mismos que hacen esos reclamos al finalizar el año son los que promovieron la reforma a la Ley Electoral a principios del 2003, es oportuno recordar la opinión que sobre el particular ofreció el dirigente perredeísta Rafael Suberví Bonilla el 6 de enero del año en curso.
«Considero que es una sinvergüencería que en nombre de la gobernabilidad se decidiera dividir la JCE en dos cámaras, por lo que, quienes procuraron ese tollo jurídico, tendrán que atenerse a las consecuencias», dijo el precandidato presidencial del PRD.
