El presidente de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE), Salvador Ramos, descartó ayer que ese organismo acepte el emplazamiento que le hizo el licenciado Hatuey De Camps porque entiende que el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) «está cerrado».

Agregó que además ese es un debate entre De Camps y la «gente» del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), en el cual entiende que ni la JCE ni la Cámara Contenciosa tienen parte.

Ramos respondió así al ser cuestionado acerca de cuándo respondería la JCE el emplazamiento que le hizo De Camps a nombre del PRD, por autorización de la Suprema Corte de Justicia, para que comparezca por ante la Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de ese tribunal en funciones de Corte de Casación, para que escuche el fallo sobre el recurso interpuesto contra la resolución 013-03 dictada el pasado 23 de diciembre.

«No tenemos que contestarle a la Suprema Corte porque ya contestamos el 23 de diciembre cuando evacuamos la sentencia que se define por sí misma», dijo.

Sugirió a todo el que quiera saber en qué se basó la Cámara Contenciosa para emitir la resolución que favoreció la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD celebrada el pasado 15 de noviembre en el Hotel El Embajador, donde se eligió al presidente Hipólito Mejía como candidato presidencial del partido oficialista, a «fajarse» a leerla y a sacar sus propias conclusiones.

Señaló que las leyes Electoral y de Procedimiento de Casación son «clarísimas» cuando establecen para cuáles tribunales son competentes los recursos de casación.

«Ningún tribunal puede obligarnos a responder», subrayó Ramos. «Yo soy un abogado de 25 años y profesor universitario; mis argumentos no son políticos, son de derecho».

Agregó que no obstante, le darán el beneficio de la duda a la parte recurrente, no depositando ningún otro documento.

El recurso de casación interpuesto por De Camps contra la resolución de la Cámara Contenciosa le fue notificado a la JCE el pasado día 9, mediante acto del alguacil Vicente Martín Rubiera Reyes, luego que el presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa diera su autorización para el día 6, acogiéndose al artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.