POR ROSA ALCANTARA
El juez suplente de la Junta Central Electoral, Jorge Eligio Méndez y el suspendido oficial del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción, Luis Felipe Rodríguez, responderán a la intimación que les hizo la JCE. Ambos dijeron que responderán al tribunal por medio de un acto de alguacil.

La JCE los intimó para que en un plazo de cinco días presenten las pruebas de sus denuncias sobre irregularidades en las oficialías de Estado Civil.

Entrevistados por separado, Méndez y Rodríguez reafirmaron que la JCE viola la ley cuando desde las oficialías de Estado Civil se les cobra a los ciudadanos por los servicios y porque los oficiales civiles no tienen sueldos fijos.

Dijeron esperar que la JCE también envíe una carta de intimación a las instituciones y personas que se han pronunciado en los mismos términos que ellos, tales como Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el ex presidente de la Junta, Manuel Ramón Morel Cerda; los delegados de los principales partidos políticos en el tribunal de elecciones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

Rodríguez, quien ha considerado como un drama humano el hecho de que más de dos millones de personas no estén inscritos en el registro de Estado Civil, dijo ayer que él, como oficial civil, es una prueba de su denuncia. “Yo como oficial del Estado Civil y los 160 oficiales del Estado Civil, pues la mayor prueba es mi confesión; yo doy testimonio de que mediante el tiempo en que se me nombró estuve cobrando por declaraciones de nacimiento tanto oportunos como tardíos; yo doy testimonio de que hemos estado cobrando por los reconocimientos, que hemos estado cobrando un monto que no ha sido regulado por la Junta sino que ha sido como resultado del capricho de cada oficial del Estado Civil”.

Manifestó que como establece la máxima jurídica que a confesión de parte relevo de pruebas, “ahí está la mayor prueba”.

La carta enviada a Rodríguez y Méndez con fecha 3 de octubre del 2005 y firmada por el presidente de la JCE, doctor Luis Arias, reza: “Distinguido señor, dando cumplimiento a la decisión del pleno, celebrada el 30 de septiembre del 2005, acta número 15-2005, le intimamos para que en un plazo de cinco días a partir de la recepción de este documento, presente ante nuestra institución las pruebas de las denuncias que usted ha formulado a través de los medios de comunicación en torno a asuntos atinentes a nuestro organismo”.

Rodríguez consideró infantil, sin sentido ni fundamento jurídico esa comunicación, porque la JCE no le está indicando elementos fundamentales para poder responder en forma positiva su pedimento.

Dijo que, por ejemplo, no le informa si debe aportar las pruebas por ante el presidente de la JCE, ante el presidente de la cámara contenciosa y administrativa, ante el departamento de  inspectoría, por ante el director nacional de registro o si por el contrario por ante el ministerio público conforme lo establece el artículo 15 de la ley 8-92.

Asimismo, manifestó que le gustaría además saber cuáles son las irregularidades sobre las cuales la Junta quiere pruebas, porque la carta tampoco lo indica.

Señaló que el artículo 8 de la ley 8-92 es una prueba de la gratuidad del servicio en las oficialías del Estado Civil y de que debe establecérsele sueldos a los oficiales y no que tengan las oficialías como “vacas de ordeñe”.

Indicó que si quieren pruebas de su denuncia de que no hay supervisión de los superiores jerárquicos de la JCE nada más tienen que ver las 10 comunicaciones que por espacio de más de un año ha estado remitiendo al doctor Servio Tulio Almánzar y a los jueces electorales, solicitando formalmente de que los trabajos que estaba haciendo en la Décimo Segunda oficialía del Estado Civil fuesen supervisados.

“Esa petición nunca fue correspondida, a mí nunca se me supervisó, una prueba de que tampoco hay supervisión en la JCE y en el registro civil es el escándalo que se ha levantado hoy en día en relación al papel que supuestamente han jugado algunos oficiales del Estado Civil en la zona del sur, en lo relativo al escándalo de los pasaportes y de los regidores y todo eso”, precisó.

Asimismo, manifestó que una mayor prueba de falta de supervisión es el escándalo que se ha destapado con relación al oficial del Estado Civil de Boca Chica “un escándalo que no lo hago yo sino la junta municipal de Boca Chica, que es una dependencia de la JCE, entonces eso es una prueba de que no hay supervisión”. 

También dijo que otra prueba de su denuncia es la forma como estuvo desempeñándose la oficialía del Estado Civil de la Décimo Segunda Circunscripción antes de asumir el cargo en el 2003 “verán que todavía los libros primero y segundo originales del año 2001, 2002 y 2003 que no corresponden a la gestión mía, sino del pasado oficial, están mucho de esos libros sin firmar”.

Sostuvo que tiene comunicación que envió a las autoridades de la JCE solicitándole reunión para buscar solución a esa situación, sin embargo, manifestó, el doctor Servio Tulio Almanzar no respondió, no acudió ni hizo encuentros en compañía del consultor jurídico.

Indicó que es por falta de gerencia y no económico los problemas que hay en las oficialías del Estado Civil. 

En tanto, Méndez, juez suplente de la JCE, dijo que está en disponibilidad de presentar las pruebas requeridas ante los tribunales que resulten competentes “para conocer las acciones judiciales que él (el presidente de la JCE, Luis Arias) puede incoar contra mí, así también las acciones que pueda yo incoar contra él”

Expresó que le responderá el lunes a Arias mediante un acto de alguacil.

El funcionario electoral manifestó que reitera su posición con respecto al problema existente en las oficialías civiles “y cuando yo hablo por ejemplo que había rifa, una rifa que es un sorteo, entre quienes se hizo por ejemplo el sorteo, que es lo que yo no quiero. porque si él me quiere llevar a un terreno yo quiero que él vaya entonces a la Suprema que es su jurisdicción competente, para que entonces con la documentación en la mano él me diga a mí que Ana Melba no es su esposa”.

Méndez consideró que el presidente de la JCE quiere llevar el asunto al plano personal para desviar la atención sobre la discusión fundamentada en torno al registro civil.

Manifestó que su empeño no es tener ningún tipo de discusión ni al mismo tiempo tratar en modo particular en urgar en el carácter personal de cada juez, sino que lo que se discute es que hay deterioro en el registro civil dominicano, que la JCE es el órgano competente para poner la casa en orden y eso lo está diciendo todo el mundo.

Entiende que el documento de intimación es para mandarlo a callar sobre sus denuncias.