La Junta Central Electoral ordenó a los partidos suspender todas las actividades proselitistas, y concedió un plazo perentorio de cinco días que venció anteayer martes 26 de junio para que las formaciones políticas desmonten sus maquinarias electorales diseminadas en avenidas, calles, plazas públicas y medios de comunicación.
La JCE juzga ilegales y extemporáneos tales aprestos y ha advertido que quien incumpla la disposición será considerado transgresor de la ley, pero no dice si aplicará sanciones por tales transgresiones ni en qué consistirían las mismas.
La prohibición ha caído como un balde de agua helada sobre los grupos que promueven precandidaturas, especialmente dentro del partido de Gobierno y afecta principalmente al expresidente Leonel Fernández, quien ha realizado ruidosas caravanas proselitistas en las últimas semanas. Afecta, igualmente, a otros precandidatos oficialistas, opositores e independientes, que han lanzado sus aspiraciones al ruedo, entre los cuales destacase Reynaldo Pared Pérez, Francisco Domínguez Brito, Luis Abinader y su rival interno, el expresidente Hipólito Mejía.
La verdad es que la Junta tiene razón al considerar extemporáneo e ilegal el actual proselitismo que se observa en calles y plazas de la Capital y el interior, a dos años de las elecciones pautadas para junio del 2020. Tal prohibición ha sido un reclamo de gran parte de la sociedad.
Creo que la popular medida pretende mantener el control partidario dentro de límites legales razonablemente competitivos, considerando la ausencia de una Ley de Partidos. Su presidente, Julio César Castaños Guzmán, ha reiterado que la JCE está en condiciones de organizar la próxima elección con o sin ley. Por ende, la JCE ha tomado la sartén por el mango, sin importarle quien sale afectado con su prohibición.
La paz social sale como la gran beneficiaria de tan prudente decisión.