Para mí es inédito el hecho de que un Juez de Corte de Apelación denuncie, en forma pública, acciones del Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es la primera vez, que leo una noticia de una gravedad tal.

¿Qué mueve al denunciante?

¿Quién tiene calidad para juzgar la veracidad de la denuncia de que un Juez oculta, y maniobra para ocultar, la comisión de un delito tan grave cual es la violación y preñez de una niña de nueve años, con el respaldo del Presidente de la Suprema?

Mateo Céspedes Martínez, Juez de la Corte de Apelación de San Cristóbal, dice que en el Consejo del Poder Judicial existen cuatro denuncias contra el Juez a quien acusa.

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La denuncia, con ribetes de escándalo, sale a la luz pública, de ser cierta, algunos apostarían a que la noticia se cae a los dos días, pero aquí no se le da de lado a asuntos tan pesados y escabrosos como que un Juez preñó una niña de 10 años y se compró un prestanombre para pegarle la barriga, como se dice popularmente.

Lo peor es que el Juez preñador, según la denuncia, no ha recibido el castigo por su grave acción, porque lo protege el Presidente de la Suprema.

Dice el denunciante que el Presidente de la Suprema ha desatado una persecución en su contra a fin de sacarlo del tren judicial por sus denuncias contra el acusado de violación.

La violación, según la denuncia, ocurrió en el 2009 y 15 años después se conoce porque hay una denuncia de que el violador es protegido del Presidente de la Suprema, pese a que preñó a una niña de 10 años.

Este embrollo tiene raíces muy profundas, sea o no cierto lo de la violación, sea o no cierto que el Juez (cuyo nombre se oculta hasta ahora) violó y preñó a la niña y ocultó su grave delito mediante el uso de un prestanombre, todo indica que hubo delito, luego hubo ocultación del delito para burlar la justicia, no se dice qué se hizo el prestanombre, si lo juzgaron, si el largo brazo de la impunidad también lo protegió.

En la Facultad de Derecho aprendí que “el rumor público mueve la acción pública”. Le toca a la Procuraduría General de la República hacerse cargo del asunto, pues el Consejo del Poder Judicial es para los jueces un cocinarse en su propia salsa y este es un asunto de interés público que involucra actores tan importantes como el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y varios Jueces de Cortes de Apelación.

La suerte está echada.