Fue sorprendente que un Ministerio Público dominicano emprendiera desde dos años antes el acopio de elementos a los que atribuye calidad como pruebas y testimonios de alegadas acciones a la sombra del poder orientadas al enriquecimiento ilícito. Hoy la opinión pública ingresa a una mayor expectación sobre el eventual resultado de las acusaciones enviadas ya a juicio de fondo por un juzgado de instrucción. Un encausamiento precedido de la divulgación a todo el país de impresionantes detalles para configurar un contubernio que hasta ahora solo había estado en ventilaciones preliminares y que en absoluto asignan culpabilidad por tratarse de la fase que se concentra en indicios y especificidad de méritos en la instrumentación de un grueso expediente.

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Caía por su propio peso que pasara a la instancia correspondiente la valoración de unos cargos extraordinarios, de complejidad y excepcional significación para una sociedad que requiere precisiones surgidas de esfuerzos por impartir justicia.

Desde su grada, a la nación le corresponde depositar confianza en la objetividad y adhesión a los principios éticos de honorables magistrados, recientemente exaltados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, como estando en posesión de virtudes. Aval de integridad, rectitud y sabiduría.

Que surjan de esas majestades la determinación de culpas o absoluciones con los grados de responsabilidad que correspondan sobre lo supuestamente ocurrido. Brille la verdad.