Brasilia. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, comenzará a jugarse su mandato este viernes, en una Cámara de Diputados cada vez más hostil y en la que parece haberse formado una mayoría proclive a apoyar un juicio con miras a su probable destitución.

El Gobierno quemó uno de sus últimos cartuchos en su intento de impedir el juicio y lo hizo ante la Corte Suprema, con una demanda de última hora intentada hoy por el abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, que pedía anular parte del proceso y fue rechazada por ocho de los magistrados, frente a dos que pidieron aceptarla.   Cardozo demandó la nulidad de un informe aprobado en una comisión de la Cámara Baja, que aceptó la denuncia que acusa a Rousseff de incurrir en maniobras ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

Si la demanda era respaldada por los magistrados, el proceso debería haber vuelto a ese punto y la comisión de diputados tendría que rehacer el informe, que según Cardozo contiene asuntos ajenos a la denuncia, lo cual obstaculiza la defensa de Rousseff.   Sin embargo, el Supremo consideró que la denuncia de la Abogacía General del Estado no procede y que el trámite debe seguir su curso.   El próximo paso comenzará este viernes, cuando la Cámara Baja realizará la primera de tres sesiones, que concluirán el domingo, en las que decidirá si se remite al Senado el informe que propone la apertura de un juicio político contra Rousseff.

Para que el trámite llegue a la instancia definitiva del Senado, que tendrá la última palabra sobre el juicio, la oposición necesita reunir una mayoría calificada de 342 votos entre los 513 posibles.   El Gobierno admitió hoy que tiene en contra una mayoría cercana a los 300 diputados, pero subrayó que eso sería insuficiente para que el proceso prospere, con lo cual la causa acabaría en los archivos.