Sao Paulo.  La Justicia brasileña condenó hoy al exdirector del área Internacional de la petrolera estatal Petrobras Nestor Cerveró a cinco años de prisión, inicialmente en régimen cerrado, por su responsabilidad en un caso de lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez Sergio Moro, del estado de Paraná, responsable por la investigación del gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera, que salpicó a varios líderes políticos de la coalición de Gobierno, según informó la corte.

Según la denuncia del Ministerio Público Federal (Fiscalía), corroborada por la Justicia, el exdirector recibió en cuentas bancarias en Suiza y Uruguay sobornos de empresas contratistas de la estatal, que después repatrió por intermedio de una empresa de tapadera para adquirir un lujoso apartamento en Río de Janeiro. Moro determinó la confiscación del inmueble y solicitó que el dinero obtenido de la venta del apartamento “sea revertido a la víctima de los delitos antecedentes, a Petrobras».

El pasado mes de abril el juez Moro condenó al primer ex alto cargo de Petrobras, Paulo Roberto Costa, por su implicación en la trama de corrupción instalada en la petrolera y que está siendo investigada desde hace poco más de un año. Costa, exdirector de Abastecimiento de Petrobras, fue condenado por lavado de dinero y asociación ilícita, delitos cometidos durante la construcción de la refinería Abreu e Lima, situada en el estado brasileño Pernambuco (noreste).

Los desvíos en Petrobras, que la estatal calcula que pudieron costarle unos 2.000 millones de dólares desde 2004 hasta 2014, han conducido a prisión a cinco exdirectores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes constructoras del país.

Según la Fiscalía, las constructoras pagaban sobornos a cambio de ser favorecidas en las licitaciones de Petrobras y esos dineros eran distribuidos entre los partidos políticos que apoyaban la red. La máxima corte del país investiga a unos cincuenta políticos por su supuesta implicación en el caso, la mayoría de la base aliada de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff. El proceso ha avanzado rápidamente gracias a que más de una decena de acusados han aceptado colaborar con la investigación a cambio de reducciones en sus condenas.