En la celebración del Día del Poder Judicial el pasado siete del mes que discurre, se escenificó un desagradable espectáculo, al exteriorizarse una protesta en la explanada del edificio que alberga y sesiona la Suprema Corte de Justicia (SCJ); en la cual, miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) procedieron a lanzar a su fachada, fundas conteniendo heces fecales a tan vetusto inmueble. El eslogan de los manifestantes era: “La justicia es una mierda”.
Somos de opinión, que esta acción es una copia fiel de la manifestación que efectuaron los chalecos amarillos en noviembre de 2018, frente al Palacio de Justicia de Paris, en donde una gigantesca pala mecánica arrojó varios metros de excrementos en su patio interior, pidiendo al mismo tiempo la renuncia del presidente Macron.
Desde que entraron en vigor los diferentes códigos en los cuales se establecen las normas para la imposición de la justicia en los tribunales de la República Dominicana, se hicieron notables las fisuras y dificultades que se presentarían en los tribunales, para la aplicación y sanción de las normativas, contenidas en dichos códigos. Debido a esto, la existencia de una gran cantidad de litis judiciales, en las cuales se pueden invocar los incidentes de procedimiento más intrascendentes e inverosímiles, que hacen que dichos pleitos se extiendan innecesariamente, algunos con extensión de más de cinco años, sin que en ese lapso de tiempo, el juez emita una sentencia definitiva e irrevocable.
¿Cómo perjudican estas indecisiones judiciales al Estado dominicano? Si a un supuesto imputado se le aplican medidas de coerción de largo plazo, es el Estado el que asume, después de encarcelado, su vigilancia, manutención, atención médica y medicinas cuando sean necesarias. Estas deferencias tienen un costo determinado, el cual es subvencionado por los sufridos contribuyentes, quienes sin ser culpables ni beneficiados en parte, asumen esa actitud dubitativa de los tribunales, que deberán acelerar los procesos a favor de la economía nacional.
Ahora que el presidente de la SCJ deja vacante esa posición, en la elección del nuevo presidente, el organismo destinado a designar el sustituto, es el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual debería para dicho nombramiento, gozar de independencia total. Sin embargo, en la actual composición, se aprecia una total dependencia del Poder Ejecutivo, lo cual desequilibra el balance entre los tres poderes del Estado, al inclinarse a favor del Ejecutivo, ya que cinco de los miembros: presidente de la República; presidente del Senado; presidente de la Cámara de Diputados y el Procurador General de la República, votarían en conjunto, además de otros participantes.
La elección de los nuevos jueces de la SCJ debería ser más diáfana que la de los jueces del Tribunal Constitucional, en la cual se puso en entredicho la designación de alguno de los nominados. Por eso, la observación del Reglamento de Evaluación, debe ser determinante para la composición equilibrada en la elección de los nuevos jueces del Poder Judicial, poniéndose énfasis en evitar cualquier intromisión de política partidista. Además, ser cuidadosos en el cumplimiento del precepto constitucional de que las tres cuartas partes de los nombrados, sean de carrera.
A nuestro parecer, por cuestiones de ética profesional y en interés de mantener transparencia y equidad en tan importante organismo, el señor Procurador General de la República no debería formar parte del CNM y por lo tanto, debería abstenerse de votar, ya que es nombrado por el Poder Ejecutivo.
Debemos iniciar el año 2019 con transparencia, desechando las tramposerías y las dañinas influencias de los políticos corruptos; así como, de los sobornos que encarnaron los contratos de Sun Land, Odebrecht y los Tucanos, esperando el próximo desenlace de estos sonados casos, que han traspasado los linderos de la Patria. En su conjunto, el pueblo dominicano debe luchar para que predomine la integridad y asimismo, hacer votos también, para que en todo el país impere la honestidad. ¡Cuántas lindezas!