Recientemente el Consejo del Poder Judicial dispuso la celebración de una Cumbre Judicial Nacional. El propósito: “escuchar propuestas de mejoras puntuales en el sistema de administración de justicia”. El acta No. 03/2016 del Consejo contiene la resolución. Al Consejero Samuel Arias Arzeno le fue encomendada la alta responsabilidad de coordinar el evento. Definir la agenda de debates y fijar la fecha de su realización, son parte de sus responsabilidades. Cuenta para ello con un plazo máximo de cuatro meses.
Es una cuestión central, para un evento como éste, definir con precisión su objetivo. Y esa definición implica tener clara conciencia de los problemas a enfrentar. Y los problemas de la justicia dominicana hoy son problemas mayores (léase, por favor, con mayúsculas) cuyo abordaje requiere algo más que la escucha de “propuestas de mejoras puntuales”.
Entre todos los problemas que afectan al aparato de administración de justicia (mora judicial, problemas de independencia vertical y horizontal, traslados irregulares de jueces, crisis presupuestaria, ineficiencia, penetración del crimen organizado, y paro de contar) el más relevante, la solución del cual acaso sea la clave para avanzar en la solución de todos los demás, es un intangible: la elevada desconfianza ciudadana en el sistema.
Nada nuevo. Se trata de un problema que atraviesa todo el tejido institucional dominicano. Lo había advertido Jacques Atali en su informe República Dominicana 2010-2020. Bajo un lacónico epígrafe: “Devolver la confianza en las instituciones”, apuntaba el investigador galo: “Esta primera iniciativa constituye la base de reformas que permitan hacer aceptable por la población todos los esfuerzos que deben ser realizados posteriormente”.
Es importante recordar que la crisis de confianza de la justicia viene de lejos. Recordemos, por ejemplo, que de acuerdo con la percepción de las personas entrevistadas para la encuesta DEMOS 2004, apenas el 20% de los dominicanos consideraba que los actores del sistema judicial son íntegros, mientras el 80% consideraba que eran corruptos.
Al ponderar la cuestión de la confianza a la luz de los cambios iniciados en el sector justicia en 1997, el estudio concluía: “Sin embargo, el grado de confianza en el funcionamiento de la justicia no ha mejorado luego de 7 años de iniciados estos cambios; al contrario, los datos de DEMOS 2004 indican que empeoró. En efecto, la cifra correspondiente a 2004 de sólo un 14% de mucha confianza en la justicia representa el nivel más bajo de credibilidad que se registra en la década considerada, un descrédito mayor que el que tenía la justicia dominicana antes de las reformas citadas. Es relevante destacar que es durante los últimos tres años que se produce una mayor desconfianza en la justicia dominicana. En efecto, mientras el 30% de la población entrevistada en 2001 expresó total desconfianza en la justicia, ese porcentaje se eleva a 47% en la DEMOS 2004” (véase DEMOS 2004, pág. 131).
Por otro lado, el informe del Proyecto Justicia y Ciudadanía 2002-2007, implementado por FINJUS y Participación Ciudadana, en el que participaron un total 693 organizaciones divididas en cuatro regiones, presentaba esta conclusión: el 83% de la población considera que la justicia funciona mal, el 12% considera que funciona bien y el 6% que funciona regular. Luego de eso, hemos visto los estudios del PNUD, de Latinobarómetro, del Informe Mundial de Competitividad, de Gallup-Hoy: en todos, sin excepción, se ratifica la cuestión de la desconfianza en la justicia.
Si a lo anterior se suma la extrema gravedad de los hechos que han atenazado a nuestra justicia desde que el Procurador General hiciera público su informe del 16 de noviembre pasado, es fácil concluir que la ciudadanía tiene sólidas razones para desconfiar de cualquier propuesta puntual de solución que se le presente. Es preciso recuperar la confianza. El Consejo del Poder Judicial tiene en ello una cuota importante de responsabilidad. Sugiero, para empezar, lo siguiente: llevar a cabo una exhaustiva investigación, coordinada con el Magistrado Procurador General a partir del informe que éste presentara al Consejo; dar con los responsables de esos gravísimos hechos, tanto internos como externos al PJ; limpiar los nombres de los injustamente señalados y quitar el pesado fardo que a todo el sistema le han impuesto las inconductas de unos pocos.
Se trata, en resumen, de dar un paso al frente contra la impunidad desde la justicia. Sugeriría abrir la cumbre con el anuncio formal de la puesta en causa de todos, absolutamente todos los que resulten implicados. Con ese inicio, no tengo dudas del éxito de la cumbre. La sociedad merece esa osadía.