De un tiempo para acá no se dice nada bueno de la justicia dominicana, a la que se critican sus vergonzosos fallos, su debilidad frente a la corrupción,  su complacencia con el narcotráfico y el crimen organizado.  Y como esos decires, en estos tiempos de libertinaje y redes sociales, han caído con demasiada facilidad en el exceso y la desproporción se ha llegado a decir, sin que  falten corifeos que lo amplifiquen y propalen, que pasa por su peor momento, y eso es tan excesivo como injusto cuando se mira hacia atrás y se hacen las debidas  comparaciones. Y aunque le rebajemos algo a esa afirmación, y aceptemos que la justicia dominicana, contrario a lo que afirman sus críticos, cumple  razonablemente su  papel, hay que reconocer que si este no es el peor momento de su historia parece estar  bastante cerca. Para colmo, la denuncia del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, contra cinco jueces a los que acusa de manipular procesos y negociar la libertad, a cambio de fuertes sumas de dinero, de personas vinculadas al crimen organizado,  el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción,  no hace mas que confirmar esa percepción. Porque de ser cierta la acusación de Domínguez Brito,  estaríamos hablando de una estructura dentro del Poder Judicial  en la que también participan, además de los jueces señalados, empleados, abogados y particulares, constituídos en una asociación de malhechores dirigida por un ex juez. Solo la falta de una adecuada  vigilancia y supervisión, por parte del Consejo del Poder  Judicial, de las acciones y decisiones de esos jueces explicaría que se atrevieran a llegar tan lejos, por lo que a la hora de buscar culpables y establecer responsabilidades por el “mal momento” por el que atraviesa nuestro sistema de  justicia es inevitable apuntar  el dedo acusador hacia sus integrantes, a los que hay que pedir explicaciones por el evidente incumplimiento de sus responsabilidades.