Ningún ciudadano, y menos dos mil como se ha denunciado, debería estar privado de libertad ni un minuto más allá del cumplimiento de la pena temporal infligida por juez alguno. Desde el propio sistema judicial y penitenciario debería admitirse que encierros de tales características convertirían a quienes los cometen en autores de secuestros sin atenuante que valga. Si la imposibilidad de excarcelar personas que saldaron sus deudas con la sociedad deriva de una ausencia de registro de las órdenes de prisión correspondientes, se está ante una omisión desastrosa o flagrante incompetencia de quienes custodian reos y administran sus estatus.

Si es que el archivado de expedientes ha estado expuesto a daños deliberados y perversos o a severo deterioro por negligencia imperdonable que hasta le diera por destino vertederos y polillas, habría funcionarios o exfuncionarios que tendrían que rendir cuentas a la sociedad. Susceptibles de ser encausados por retroceder el poder sancionador y justiciero que corresponde al Estado a ejercicios de violación de los derechos humanos. Culpables, a fin de cuentas, de generar en gran número, una desaplicación de los límites a su actuación para resultar correctos guardianes de la ley y la constitución y no inmisericordes torturadores y causantes de una sobrepoblación en ámbitos penitenciarios en los que, al parecer, sigue la perpetuación crueles tratamientos en pleno siglo 21.

Desistir ya del despojo

A estas alturas no se debería estar esgrimiendo todavía la intención de destrozar el mecanismo de ahorros para fines de pensiones cuya eficiencia y rendición de frutos dependen en gran medida de su permanencia institucional, valores puestos, real y efectivamente, en manos del mercado crediticio. No duermen en bóvedas para que se pueda, de un plumazo, sustraerlos de su función multiplicadora como capital de fin social para su universo de cotizantes.

Dar luz verde a la extracción de un 30% de los recursos acumulados para sustentar el sistema pensionista sería una embestida irracional de despojo a un patrimonio nacional. Solo cabría reformarlo para imprimir funcionalidad y crecimiento a una riqueza y crearle una capacidad de garantizar financiamientos prioritarios a afiliados bajo regulaciones bancarias ordinarias.