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El sistema judicial dominicano inicia el año 2004 en medio de grandes desafíos, incluidos el de la aplicación en septiembre del nuevo Código Procesal Penal y la continuación y conclusión de una serie de expedientes de corrupción.
Como preámbulo para la aplicación del nuevo código, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Procuraduría General de la República emitieron a mediados de noviembre del 2003 las resoluciones número 1920 y 14783, respectivamente, que establecen 21 medidas tendentes a ir adecuando la puesta en vigencia del nuevo sistema legal.
Algunas de las acciones contempladas en la resolución 1920 de la Suprema Corte son que durante los interrogatorios practicados por el juez de instrucción los procesados estén acompañados de su abogado defensor, de manera que puedan ser asistidos en sus derechos e impedir un trato vejatorio en base a preguntas intimidatorias.
El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, al dar a conocer la resolución, dijo que se terminó la época en que los jueces de instrucción actuaban de manera secreta, otorgaban libertad provisional bajo fianza y dictaban o revocaban mandamientos de prisión de manera administrativa, facultad que les permitía, según dijo, jugar con la libertad de las personas y en ocasiones cometer serias irregularidades en violación a preceptos legales.
Además de acuerdo con las resoluciones, los acusados de algún hecho no podrán ser apresados sin orden judicial, a menos que se trate de un hecho de flagrante delito.
Pese a que esas disposiciones fueron emitidas en noviembre pasado todavía persiste confusión en cuanto a su aplicación de parte de abogados, ayudantes fiscales y agentes policiales.
Asimismo, la justicia dominicana tendrá que enfrentar este año una gran cantidad de expedientes que se encuentran pendientes de fallo y de conocimiento de fondo en los siete juzgados de instrucción y en las Salas Penales del Distrito Nacional.
Tomar una decisión definitiva en torno a los expedientes del Banco Intercontinental (BANINTER), el Banco Nacional de Crédito (BANCREDITO) y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) constituye un reto para el año 2004.
Se recuerda que en torno al presunto fraude de más de 55 mil millones de pesos del BANINTER fueron sometidos a la justicia a mediados de mayo pasado los principales ejecutivos de la entidad bancaria, Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Cocco, Vivian Lubrano de Castillo, Jesús María Troncoso Ferrúa y el economista Luis Alvarez Renta.
La sumaria del caso fue paralizada por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Eduardo Sánchez Ortiz, quien tomó la decisión hasta tanto la SCJ se pronuncie sobre un demanda de declinatoria por sospecha legítima interpuesta en su contra por los abogados de la defensa de Báez Figueroa, integrada por Marino Vinicio (Vincho) Castillo, Vinicio Castillo Semán y Juárez Castillo Semán.
Como consecuencia de este presunto fraude, el gobierno intervino decenas de propiedades ligadas a la entidad bancaria, entre ellas medios de comunicación como el Listín Diario, El Expreso, El Financiero, La Red Nacional de Noticias (RNN), Telecentro Canal 13 y Aster, lo que provocó a su vez la cancelación de cientos de empleados de esas empresas.
En tanto, a principios de noviembre, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Ramón Salcedo Camacho, José Lorenzo Fermín y José Rafael García depositaron una querella por ante la fiscalía del Distrito Nacional contra los dos ex altos ejecutivos de BANCREDITO, Manuel Arturo Pellerano Peña y Juan Felipe Mendoza, en la que se les acusa de un presunto fraude de más de 20 mil millones de pesos.
En ese sentido, la fiscalía dictó orden de conducencia contra los banqueros aunque posteriormente el fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, dispuso la suspensión de esta medida, por disposición del presidente Hipólito Mejía.
Para ese mismo mes el abogado de Santiago Ramón Antonio Veras interpuso una querella directa por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Doris Josefina Pujols, en la que acusa al ex presidente de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, Azor Hazoury, de una alegada retención indebida de RD$100 millones.
La querella fue apoderada al juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Felipe Molina Abreu, para que instruya la sumaria correspondiente. Sin embargo, éste decidió declinarla por ante el juez Sánchez Ortiz, por considerar que se trata del mismo expediente del BANINTER.
Otro expediente que se encuentra pendiente de decisión es el relacionado con los ex funcionarios de Aeronáutica Civil durante la gestión del ex presidente Leonel Fernández. Figura entre ellos Jesucita Hernández, Armando Castillo y Héctor Martínez. La sumaria del caso se encuentra en su fase final en Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
En tanto, reposa en sala penal el expediente contra el juez de Paz de Miches, Anthony Gil Zorrilla, sometido a la justicia en enero del año pasado implicado en el tráfico de 103 kilos de cocaína.
Gil Zorrilla fue enviado por ante un tribunal criminal por el entonces juez interino del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Antonio Sánchez Mejía.
En el expediente figura también Alberto Candelario Santana (Tolo), así como unos tales José Manuel Bautista y el Compa o Compadre, quienes fueron sometidos prófugos.
De igual manera, está pendiente de fallo el expediente contra el ex secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, apresado y sometido a la justicia en marzo pasado junto a otros ex funcionarios de esa entidad acusados de un mal manejo del programa del subsidio focalizado al gas licuado de petróleo superior a los RD$200 millones.
Lockward fue puesto en libertad un mes más tarde por la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte, Dulce María Rodríguez, quien lo favoreció con una fianza de RD$5 millones.
El expediente fue remitido a la Suprema Corte, debido a que en la pieza acusatoria figura también el diputado Noé Sterling Vásquez, quien goza de inmunidad parlamentaria.
