POR PEDRO GERMOSÉN
Con la posposición para el martes del estudio del proyecto de Presupuesto del 2006, la oposición en el Congreso Nacional imposibilita la conversión en ley de esa pieza legislativa dentro de la prórroga de la segunda legislatura ordinaria del año pasado, que vence el jueves 12 de este mes.

De esta manera, la oposición estaría forzando al poder Ejecutivo a que si realmente desea la aprobación del nuevo Presupuesto, tenga que convocar, en lo inmediato, a una legislatura extraordinaria.

En caso contrario, el proyecto continuaría su curso a partir del 27 de febrero próximo, cuando se inicia la primera legislatura ordinaria del 2006, es decir, que su aprobación, si hay entendimiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se produciría, necesariamente, en marzo.

El controvertido proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2006, ascendente a RD$238,000 millones, cursa en la Cámara de Diputados y es estudiado por una comisión bicameral.

Los congresistas de la oposición sostienen que el año entró sin Presupuesto porque el presidente Leonel Fernández sometió la pieza el 22 de diciembre, pese a que debió hacerlo antes de que concluyera la segunda legislatura ordinaria del 2005, es decir, el 12 de noviembre.

En todo, caso el sometimiento tardío, aseguran los entendidos, no violó la ley, puesto que el propio Congreso prorrogó por 60 días la legislatura, que, entonces, concluye el 12 de este mes.

De todas formas, las partes mantienen un forcejeo sobre el proyecto de Ley de Gastos Públicos que ha impedido su aprobación oportuna.

Los miembros de la comisión bicameral, que encabezan el diputado reformista Marino Collante Gómez y el senador Manuel Emilio Ramírez Pérez, se reunieron ayer con los técnicos del gobierno.

Aunque son diversos los aspectos en discusión, del encuentro sólo salió en claro que las partes revisarán lo relativo a la eliminación de asignaciones a un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales.

Otro de los aspectos fundamentales en discusión es el interés de la oposición para que se incluya el aumento del 7.5 por ciento al 10 por ciento de la asignación presupuestal que se hace a los ayuntamientos de los ingresos fiscales.

La oposición sostiene además que el Gobierno sobrevaluó el monto del nuevo Presupuesto para utilizar los excedentes con fines políticos.

Asimismo, sostiene que con el sometimiento tardío, la sobrevaluación y otros aspectos en discusión, el Poder Ejecutivo sólo busca manejarse este año sin un nuevo Presupuesto, a fin de aplicar, como dispone la Constitución, el del año anterior.

Hasta el momento, no se vislumbra un entendimiento que conduzca a la aprobación del nuevo Presupuesto, para lo cual, en todo caso, el jefe del Estado tendría que convocar a una legislatura extraordinaria o dejar la pieza a su suerte.