El abuso y violación sexual es un fenómeno reconocido por distintos actores como frecuente tanto en comunidades rurales como urbano-marginales, en diferentes estratos y provincias del país. En trabajos de campo recientes observamos casos de violaciones y abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en familias, vecindad y centros educativos.
“La violencia sexual se define como “conductas sexuales, coercitivas o no, impuestas a una persona menor de edad, por una persona mayor, que puede ser físicamente superior, con más experiencia y recursos, que utiliza incorrectamente su poder o autoridad. En la violencia sexual se hace referencia al abuso sexual. El abuso sexual es una forma extrema de violación a los derechos humanos de las niñas, los niños y las personas adolescentes, dejando graves secuelas emocionales y psicológicas en las víctimas”. (ONU, 2006:40)
La violencia sexual independientemente del ámbito social en el que se desarrolle resulta del ejercicio de poder del agresor frente a su víctima, niños, niñas y adolescentes. En muchas comunidades encontramos agresores sexuales provenientes de: posiciones de poder político, social y/o económico, estructura familiar de la víctima, instituciones educativas, religiosas católicas y protestantes, vecindad y relaciones primarias.
Las denuncias contra los agresores sexuales son poco frecuentes. Muchos niños, niñas y adolescentes ocultan que han sido víctimas de violencia sexual por una mezcla entre miedo y culpabilización. Este miedo y culpabilización tiende a promoverse desde sus familias y contextos educativos y sociales. Este ocultamiento del abuso sexual favorece su permanencia y frecuencia junto a muchos factores, entre los cuales encontramos:
– Poca conciencia de derechos en niños, niñas y adolescentes.
– Ausencia de orientación y educación en prevención del acoso y la violación sexual desde el sistema educativo y las familias.
– Aprendizaje del miedo hacia figuras de autoridad y poder.
– Establecimiento de relaciones de confianza mediadas por permisividad en el manejo del cuerpo por familiares y personas adultas hacia niños, niñas y adolescentes.
– Ausencia de educación sexual en los centros educativos y el contexto social.
– Tendencia cultural a la legitimación del abuso sexual como respuesta a la provocación acompañado de culpabilización de la víctima
– Prácticas de impunidad en muchas localidades hacia agresores que son personas reconocidas con niveles de poder y/o autoridad política, social o religiosa local.
Las negociaciones de las familias con relación a los casos de agresiones sexuales en las comunidades también se convierten en otro factor de impunidad. Estas negociaciones debilitan la integridad física y psicológica de niños, niñas y adolescentes convirtiéndolos en personas vulnerables ante la violencia y el abuso no solo sexual sino también físico y psicológico.