La Ley 169-14 no ha resuelto ninguno de los problemas creados por la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, que ‘despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana’, sino que por el contrario ha generado múltiples obstáculos para que esas personas obtengan sus documentos de identidad y puedan ejercer su vida cívica de manera normal.
Así está consignado en el informe “Sueños postergados: la lucha de las personas dominicanas de ascendencia haitiana por recuperar su nacionalidad”, presentado por El Centro de Desarrollo Sostenible (Cedeso), la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, la agencia American Jewish World Service y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia.
La investigación está centrada en la ‘violación al derecho internacional en la que ha incurrido República Dominicana’, las trabas que enfrentan las personas que tienen un registro civil y sus descendientes.
Juan Carlos González, autor del estudio, dijo que cuando esas personas intentan participar de los procesos, que calificó complejos y opacos, de la Junta Central Electoral (JCE) reciben un trato hostil por parte de las autoridades.
Según el investigación, eso evidencia que el problema de “la discriminación racial contra personas de ascendencia haitiana todavía persiste” en la República Dominicana.
No le interesa. “Desafortunadamente y a pesar de sus obligaciones bajo el derecho internacional, el gobierno dominicano no muestra ninguna señal de querer remediar la situación, si no que existe impunidad para quienes atacan a periodistas y defensores de personas de ascendencia haitiana”, refiere el informe.
Sin documentación, explica el estudio, el estatus legal de ellos es incierto, no está claro y dista de ser resuelto y con el paso del tiempo la situación empeora, porque los padres pasan esa condición a sus hijos, lo que les impide realizar sus sueños.
Recomendaciones. Los investigadores recomiendan al gobierno dominicano promover un espacio de discusión formal y permanente de encuentro, discusión y evaluación de la ley 169-14 y de la situación de las personas que se acogieron a ella. También establecer un proceso que garantice el acceso efectivo al registro civil ordinario para las personas que intentan establecer su estatus legal y obtener sus documentos.