ADOLFO MORETA FÉLIZ
Juan Bosch, maestro de la política y las letras, decía que a veces son más importantes las cosas que están expresadas entre líneas que las que se leen en las palabras escritas. Tanto en la creación de la Ley 28-01 sobre incentivos fronterizos como en la reciente cruzada puesta marcha para eliminarla, existen interesantísimos detalles que son ostensibles entre líneas, pero que no se leen.

La máxima aspiración de un empresario o comerciante de cualquier país del tercer mundo, es ser representante de una transnacional norteamericana. Siete provincias fronterizas dominicanas serán receptoras de inversiones provenientes del Fondo Trilateral de Inversiones para crear infraestructuras industriales en beneficios de las dos naciones que comparten la isla. Se entendía, que los representantes o contrapartes de las transnacionales que se instalarían en la parte Este serían dominicanos. Crear condiciones especiales para estimular la inversión «en tan deprimida y olvidada zona» era tarea de los potenciales aspirantes. Aún se recuerdan, las vehementes declaraciones favorables de los empresarios al proyecto legislativo que dio origen a la Ley 28-01. Sin embargo, ahora se argumenta todo lo contrario. Según la cúpula empresarial, la ley es perjudicial. ¿Qué pasó ahí?

Washington es como los huracanes. Fácil de seguir su comportamiento, pero impredecible determinar el momento en que cambiará el curso de su trayectoria, ni el grado del ángulo con el cual variará el rumbo para tocar la isla por el punto inesperado. Uno de los detalles que se aprecian, pero que no se lee en el cuaderno de bitácora de la Hispaniola, es el brusco cambio de dirección del flujo de los recursos para el reordenamiento del territorio intrafronterizo. Un giro registrado de 180º. Los dólares para el «desarrollo» de las provincias fronterizas dominicanas, en lugar de llegar por el Este; vendrán por el Oeste.

La creación de un territorio intrafronterizo mediante proyectos de desarrollo conjunto entre Haití y República Dominicana, fue iniciativa del doctor Gérard Latortue quien lo propuso ante la Cámara Americana de Comercio en la ciudad de New York en julio del 1991. La comunidad internacional lo acogió como panacea de solución «para erradicar la pobreza en… las dos naciones». Los empresarios haitiander o élite de Haití hicieron un inmenso trabajo para crear las condiciones favorables y vencer actitudes adversas. A finales de la década de los 90, los empresarios dominicanos, a manera de quedar comprometidos con el plan fueron quienes dieron a conocer localmente la posible forma de financiamiento que se haría a través del Fondo Hispaniola. Obviamente, el flujo y manejo de los recursos estaría bajo la exclusiva discrecionalidad de Washington.

En el IV Encuentro Empresarial Interamericano celebrado en Santo Domingo en octubre del 2000, Peter Romero, Subsecretario de Estado del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, hablando como orador invitado, consideró viable la propuesta con algunas variables y condicionantes. Anunció que a través de un «pool» de empresas norteamericanas se haría acopio de más de 2,000 millones de dólares que formaría el Fondo Trilateral de Inversiones para el «desarrollo» de la frontera. El Fondo Trilateral de Inversiones como lo denomina el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, es el mismo que en la isla se conoce como Fondo Hispaniola.

El capital norteamericano en todo el mundo es incalculable. La modalidad actual de los Estados Unidos es hacer sus inversiones en diferentes países, usando como puente a otros. Es así, como las inversiones estadounideses para proyectos de diferente naturaleza pueden llegar a la República Dominicana desde Brasil, Costa Rica, Taiwan, España, Francia, Alemania, y desde lugares tan lejanos como Noruega y Emiratos Arabes Unidos. Si se cumplen las concesiones que la globalización otorga a sus facilitadores y raqueteros, a los empresarios haitiander les asiste la prerrogativa de representar inversiones en la República Dominicana con los dólares provenientes del Fondo Trilateral de Inversiones haciendo puente por Haití. De lo contrario, «se cae de la mata», que harían un «reperpero» diplomático diciendo que se les discrimina con respeto a sus colegas… de otros países.

Los empresarios dominicanos, argumentan, que nuevas industrias en la frontera acogiéndose a las facilidades de la Ley 28-01, perjudicaría los intereses comerciales de las empresas establecidas en el resto del país. Y los sindicalistas, que la ley no conviene a los trabajadores dominicanos. Mario Méndez, editor económico de ese periódico, en un artículo publicado el 7 de agosto hace la reflexión siguiente: «Si empresariado, trabajadores y el fisco rechazan la Ley 28-01, ¿a quién beneficia ésta?»

En la Conferencia Interamericana de Donantes celebrada en Washington el pasado mes de julio, se anunció el acopio en compromisos de recursos de diversas transnacionales con más de 1,300 millones de dólares disponibles para llegar por el vecino país. Al unísono, el primer ministro haitiano recordó la conveniencia de formalizar la creación de un territorio de libre comercio en las provincias fronterizas dominicanas en conexión sin fronteras con Haití. Como se ve, ese es el más importante de los articulados ostensibles entre líneas, pero que no se leen.