Hay que celebrar el sometimiento del anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación por parte del diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez.

Este anteproyecto, redactado por los abogados constitucionalistas Orlidy Inoa y Cristóbal Rodríguez, a instancia del Consejo Nacional para el VIH y Sida (CONAVIHSIDA) y del Grupo Nacional para la Eliminación de toda forma de Estigma y Discriminación, busca proteger a los adultos mayores, personas con alguna forma de discapacidad, mujeres, niños y adolescentes, y ciudadanos marginados socialmente por el color de la piel, condición económica, sexual y de salud y cualquiera otra, haciendo realidad el mandato del artículo 39 de la Constitución que obliga al Estado a adoptar todas las políticas jurídicas y administrativas tendentes a erradicar toda forma de discriminación en la República Dominicana.

Cuando fui candidato a senador en 2006 propuse una ley semejante que incorporaría un arsenal de armas jurídicas destinadas a revertir la situación de subordinación y desigualdad de colectivos minusvalorados y oprimidos como es el caso de las mujeres, los discapacitados, las minorías y los que son discriminados por cualesquiera de las razones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta ley establecería sanciones civiles y penales para quienes cometiesen actos discriminatorios en perjuicio de los colectivos históricamente discriminados o que se encuentran en situación de vulnerabilidad o subordinación.

La ley contemplaría, además, como crimen sujeto a sanciones penales la difamación contra los colectivos discriminados y el discurso racista o peyorativo con relación a dichos colectivos.

La pieza que propuse contemplaba, además, la posibilidad de establecer acciones populares en los casos de comisión de estos crímenes en donde los afectados constituyen una comunidad y todo un régimen de acciones positivas destinadas a revertir la situación de desigualdad y discriminación de determinados colectivos, en especial las mujeres, los discapacitados, los jóvenes y los envejecientes.

Esas acciones positivas serían de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en lo que se refiere al acceso a los puestos de trabajo y las funciones públicas. En cuanto al sector privado, la ley contemplaría un régimen fiscal que promoviese el cumplimiento voluntario por parte de las empresas en la asignación de cuotas de puestos de trabajo a estos colectivos. Así, las empresas que cumpliesen voluntariamente con estas cuotas se acogerían a un régimen temporal de incentivos fiscales y exenciones que premiaría sus aportes a la eliminación de la desigualdad en el país.

La ley por la que abogaba establecería también un Consejo Nacional Anti- Discriminación, integrado por entidades públicas y organizaciones ciudadanas, con estatuto de autonomía, que daría seguimiento al cumplimiento de la ley, prepararía y publicaría informes periódicos que revelen con estadísticas la situación real de los colectivos discriminados y el impacto de la ley en el sostenimiento de un entorno institucional de igualdad entre todos los dominicanos y dominicanas (“La Ley Anti-discriminación”, Hoy, 7 de abril de 2006).
La ley propuesta por el diputado Rodríguez es hoy más necesaria que nunca “porque ser racista, homofóbico o sexista es totalmente normal para muchos dominicanos.

Así, por ejemplo, en los medios de comunicación es usual tratar despectivamente a los homosexuales o a los negros, todo ello en total contradicción con lo ordenado por el artículo 39.3 de la Constitución. Aquí el racismo, el sexismo y la homofobia no se despliegan de modo velado como en otras sociedades”.

Y es que “muchos dominicanos asumimos una serie de prejuicios como algo absolutamente normalizado, que practicamos sin tapujos y que admitimos incluso de modo público al más alto nivel”. En este sentido, “los dominicanos publicamos obscenamente y sin rubor lo que es tabú en cualquier sociedad civilizada y decente, sin estar conscientes de que, con ese comportamiento, perdemos una parte esencial de nuestra identidad colectiva y de nuestra dignidad humana.”

“El gran problema dominicano es, por tanto, no tanto el racismo, el machismo o la homofobia ni siquiera el discurso del odio que busca degradar, intimidar, asustar, fomentar prejuicios o incitar a la violencia contra las personas por motivos de su pertenencia a un género, edad, raza, etnia, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus socio-económico, ocupación o apariencia, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración personal o social, sino, sobre todo, nuestra falsa conciencia, que nos impide percibir nuestros terribles y vergonzantes prejuicios en toda su descarnada realidad” (“Discriminación, discurso del odio y falsa conciencia”, Hoy, 25 de septiembre de 2015).Ojalá este anteproyecto sea pronto ley y realidad efectivamente vivida.