El rápido y amplio respaldo que ha recibido el proyecto de ley de naturalización, incluso en el seno de los grupos que abogaban en favor de los llamados desnacionalizados, augura un ambiente de armonía en un tema que ha mantenido en vilo la vida nacional en los últimos tiempos.

Ahora el crucial tema pasa a la consideración congresual, pero se prevé que será acogido sin mayores dificultades, en vista de que el presidente Danilo Medina había logrado consensuarlo con los legisladores, como parte de los contactos previos que realizó con diferentes sectores del país.

La aplicación efectiva de la ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional e inscritas irregularmente en el registro civil dominicano librará al Gobierno y al país de presiones y críticas que han afectado la imagen de la República Dominicana ante la comunidad internacional.

En el espíritu de la ley y en el texto con que el Presidente presenta la legislación ante el Congreso está claramente plasmado, por su justeza, equilibrio y amplitud, la idea y el pensamiento que planteó desde el primer momento del conflicto migratorio, al sostener que se trataba de un tema humano y que como tal debía ser encarado.

En efecto, tal como señala el gobernante y como se observa en las disposiciones del estatuto propuesto, hay una clara inspiración en principios fundamentales sobre los que se erige el Estado dominicano, entre los que se destaca la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna.

Así lo han entendido de inmediato las organizaciones que defienden los derechos legales y humanos de los descendientes de haitianos indocumentados y de ahí las sentidas expresiones de regocijo y generalizada satisfacción del padre Mario Serrano, de la congregación de los jesuitas, como culminación de las batallas libradas junto a los afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Medina ha pasado una difícil prueba, ya que en medio de encendidas e irreconciliables posiciones en pro y en contra de ese dictamen y de sus implicaciones, se proyectaba muy complicado, aunque no imposible, que pudiera garantizar los derechos de las personas que han nacido y se han criado en el país sin vulnerar o desconocer lo dispuesto por la alta corte.

El reconocimiento del primer ministro haitiano Laurent Lamothe a la iniciativa presidencial y su reafirmación sobre el derecho del Estado dominicano a decidir las reglas en materia migratoria es una positiva señal para la reanudación del diálogo binacional y bajar las tensiones en un tema que había tornado sumamente engorroso.

Un aspecto que asume el presidente con ánimo alentador es su convencimiento de que la aplicación de los mecanismos que se establecerán como resultado de esta ley permitirá dotar a todas las personas que habitan en nuestro territorio con la documentación que les corresponda y garantizar de este modo el desarrollo normal de sus vidas.

Aunque las expectativas de regularización se han concentrado principalmente en los hijos de haitianos indocumentados, la ley de naturalización está llamada a regularizar el estatus legal de niños y niñas de padres de más de cien nacionalidades distintas, incluyendo estadounidenses, españoles, británicos y japoneses.

En resumen, es de esperar que se haya conseguido una fórmula efectiva para resolver la debilidad institucional que impidió, durante décadas, que personas nacidas en el país pero no registradas debidamente contaran con identidad jurídica para poder vivir con dignidad, respeto y aprecio humano.