Las sanciones. Es otra de las debilidades de la Ley 33-18, por ser poco rigurosa

Los diputados Elpidio Báez y Juan Dionicio Rodríguez plantean una modificación a la Ley 33-18, para crearle el mecanismo de fiscalización de uso de los fondos privados

La gran debilidad de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, 33-18 radica en el hecho de que regula el uso de los fondos público en la campaña electoral, pero no contiene mecanismos para fiscalizar y penalizar el excesivo financiamiento privado, y es lo que permite a los legisladores y el estamento municipal gastar todo el dinero que quieran en una candidatura para senador, diputado o alcalde y regidor.

A estas conclusiones llegan los diputados Elpidio Báez y Juan Dionicio Rodríguez, ambos abogados y conocedores de la materia electoral, y coinciden en plantear la necesidad de reformar la ley para que contemple mecanismos de supervisión del financiamiento, del gasto, y por supuesto, sanciones para quienes violen las disposiciones.

Báez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que el uso de los fondos públicos en campaña electoral está mejor regulado que el de los provenientes del sector privado, en el que se destaca que no se puede recibir donaciones de organizaciones del exterior.

El diputado Rodríguez, del Frente Amplio (FA), expresó que es momento de abocarse a modificar la Ley 33-18 para dotar al país de una legislación que prohíba que el narcotráfico patrocine a candidatos a cargos electivos. Al inicio de la aplicación de la Ley, el movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó que un avance de ella es que redujo el gasto de las campañas electorales.

Báez: “Ley regula fondos públicos, y se busca control a fondos privados”.

Rodríguez: “falta dotar la Junta Central Electoral de control fondos”.