Visto sin pasión el proceso electoral, no hay que dar muchas vueltas para concluir que el fortalecimiento andamiaje institucional resulta tan impostergable como una ley de partidos y agrupaciones políticas. Aunque las irregularidades con las actas que se han denunciado no alteren el mapa congresional, no puede decirse que expresan la voluntad del electorado unas votaciones en que hasta el nivel de abstención es contradictorio: La Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) la situó en principio en un 47 por ciento, para luego rebajarla a un 42, en tanto los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) hablan de más de un 60 por ciento.

Es elemental que no pueden traducir la voluntad popular unas elecciones en que se abusó de los recursos del Estado a favor del partido en el poder, cuyos candidatos tuvieron nada menos y nada más que como jefe de campaña al propio Gobierno. Pero tampoco unas votaciones en que la compra masiva de cédulas y el reparto de dinero, materiales de construcción, electrodomésticos y toda suerte de utensilios estuvo a la orden del día.

La desconfianza con el rol de jueces como el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, es otro capítulo de la crisis institucional que saco a relucir las elecciones.

Sin una ley de partidos políticos y una amplia reforma de todo el sistema institucional las elecciones van camino de convertirse en mataderos.

A propósito de todo cuanto ha ocurrido y la desconfianza en el papel de algunos magistrados me permito traer a colación ejemplos como el de España. Resulta que en la nación europea los comicios son organizados por una instancia del Gobierno, como lo es el Ministerio de Interior, sin que se verifique el menor problema. Claro, España también cuenta con una ley de partidos políticos que se aplica en elevado porcentaje.