La ley de primarias

La ley de primarias

TACITO PERDOMO
Con la promulgación de la Ley No.275-97, se abolió en la legislación electoral, el párrafo que consignaba el método D`Hont como el sistema para distribución de escaños, esto así porque con él se favorece la mayoría en perjuicio de las minorías, violando de esa manera el artículo 91 de la Constitución de la República.

Sin embargo, -y fue una experiencia de la que fui testigo de excepción- los legisladores, al erradicar el sistema D`Hont de la ley, decidieron no señalar ninguno de los métodos conocidos que pueden catalogarse de integrales, sino que dejaron en manos de la J.C.E. la reglamentación pertinente.

Resultado, que en vez de asumir uno de los sistemas de distribución de escaños que terminara con los privilegios de la mayoría, la J.C.E. ha seguido aplicando el método de marras, en franca violación de la Constitución y la propia Ley Electoral.

Otro caso, contra todo lo escrito sobre la materia y contra las voces que nos levantamos, que no fueron pocas, la formación de las Circunscripciones para las elecciones congresuales pasadas se pusieron en manos de la J.C.E., con resultados que prefiero no calificar. Basta traer a colación el caso de la Provincia de Santiago, allí, atendiendo el espíritu de la Ley, debió haber, al menos, cuatro circunscripciones, dos para Santiago de los Caballeros y sus comunidades, una para las poblaciones de la cordillera y una para los municipios del llano; así, las gentes de la Sierra tendrían dos diputados y los habitantes de los municipios pequeños dos.

Pero la Junta, que no puede desvincularse de su origen, atendiendo a intereses particulares, formó tres circunscripciones, todas partiendo del centro del municipio de Santiago, donde está la mayor concentración de la población provincial, dando por resultado que todos los diputados de la provincia sean de la zona metropolitana, quedando las zonas alejadas de la gran ciudad sin representantes.

En esos mismos tiempos, el pueblo dominicano pagó una millonada para la implementación de un sistema de registro de huellas dactilares, el que hoy se maneja como «el secreto mejor guardado». Hace unos días que escuché decir olímpicamente a uno de los más conspicuos funcionarios de la J.C.E., que «la tecnología adquirida no funcionó, fue un fracaso».

La ciudadanía no tiene información de qué pasó con su dinero, que bien pudo utilizarse en los hospitales públicos. Habría que señalar que un eficiente sistema de registro de huellas, nos serviría para garantizar unos eventos electorales más puros y además, como un eficaz instrumento en la lucha contra la delincuencia de todo género que nos azota en la actualidad. Pero sencillamente se hace mutis de un asunto tan grave.

Con esos antecedentes, la Junta Central Electoral, nos está embarcando en un sistema de «Voto Electrónico», sin haber sido suficientemente debatido y reglamentado. Desconocemos los pormenores de cuáles problemas vendrían a resolver, de qué seguridad agregaría a los métodos de hoy, cómo se garantizaría su idoneidad, cómo salvaguardaría los derechos de los ciudadanos y otras interrogantes que haremos si se presenta la oportunidad del debate.

De hecho, lo único que dieron a conocer con presteza es que costará todos los millones de dólares del mundo, que bien pueden servir para aliviar los males que sufren las mayorías nacionales. En fin, se pretende cometer el adefesio de comprar algo para luego ver cómo nos es útil.

Con ese «voto electrónico» aún sin reglamentar, es que se proyecta aplicar la Ley de Primarias, que tan poco está reglamentada, es decir, se va a poner en práctica un sistema de escogencia de candidatos apoyado en una legislación peligrosamente aérea, de la que se desconoce su reglamentación, cuyo apoyo técnico estará fundamentado en un voto electrónico del que tampoco existe reglamento alguno y será aplicado por una JCE cuya historia reciente deja mucho que desear.

Habría muchas otras cosas que dilucidar, no obstante, por ahora nos limitamos a plantear la necesidad imperiosa de cambiar y democratiza la forma de escoger la J.C.E., porque radica la raíz de todos los males de nuestro sistema electoral. No importante cuantas medidas tomemos, hasta que esto no se corrija, seguirán los males, las dudas, la hipertrofia del organismo electoral y el gasto innecesario del dinero del erario público, tan necesario en áreas vitales de la sociedad dominicana.

El Senado, que tiene en sus manos el nombramiento de los Jueces de la Junta Central Electoral, le corresponde ser, como parte del Poder Legislativo, una fiel representación proporcional de las fuerzas políticas organizadas.

Pero ese no es caso, porque este cuerpo es escogido con un método que no guarda relación con los votos obtenidos por los partidos al nivel general, dando lugar al privilegio irritante de que la minoría mayor se alce con una mayoría de esos escaños más allá de lo absurdo, mientras los votos que acumulan los otros partidos se vuelven inexpresivos. En un escenario así es casi imposible escoger una J.C.E. sin fuertes intereses y compromisos partidarios o, al menos, equilibrada.

De hecho, los constantes remiendos que se hacen a la Ley Electoral, sin hallar las soluciones definitivas, radica precisamente en la ilegitimidad que incuba la escogencia de la J.C.E. Sin embargo, debemos aceptar que nuestro Sistema Electoral y lo que de él deriva, necesita otros cambios profundos que lo hagan cada vez más democrático, representativo y participativo. En ese nivel, clamamos por reformas integrales, que abarquen todas sus instancias que, entre otras cosas, impliquen reformular la Ley de Primarias; elaborar el reglamento de su implementación con la participación de los partidos políticos y con los sectores sociales organizados y desde luego, antes que nada, como ya señalamos, alcanzar una J.C.E. utilizando reglas y procedimientos fiables, participativos y equitativos para que sea libre de toda duda.

Ese, necesariamente, será el punto de partida para que, en términos electorales, veamos realizando el sueño secular del pueblo dominicano de una República democrática, representativa y participativa, en que el voto de todos y todas tenga el mismo valor.

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