Hoy 
TACITO PERDOMO
Recientemente se promulgó la Ley de Primarias, con la misma se tiene la intención de controlar los dislates de las cúpulas de los partidos políticos. Esto viene al caso por el conocimiento público de las constantes violaciones que se cometen en esas organizaciones, tanto en la escogencia como en la presentación de candidatos a las distintas nominaciones. En este sentido, todo cuanto implique ponerle freno a las altas direcciones partidarias, tiene el apoyo de las militancias y de la ciudadanía en general.
Vistas las cosas en esos términos, hay que aceptar que en un momento como el que vive la sociedad política dominicana, tal legislación vendría a devolverle a la población la confianza de que los candidatos que presenten los partidos, serán los del genuino deseo de las militancias de las respectivas organizaciones, y de ninguna manera los que obedezcan a los intereses y voluntades de las cúpulas partidarias, que con tanta frecuencia son los agraciados. Hasta ahí creo en la justeza de una Ley de Primarias.
Eso sí, necesitamos una ley bien estructurada, sin contradicciones y sin posibilidades de más de una interpretación, pero la Ley de Primarias aprobada, aporte del costo ya denunciado -unos setecientos cincuenta millones de pesos- que aparentemente solicitará la J.C.E. para implementarla, sin aún haber elaborado el reglamento que la regirá, base para determinar los gastos y hacer un presupuesto suficientemente ponderado, adolece de varios males.
Un simple vistazo a la estructura de la Ley nos aboca a un laberinto de contradicciones y riesgos que deben ser superados, no solamente en un reglamento aún no elaborado, sino, en la propia legislación, por demás parca, confusa y superficial. Por ejemplo, la Ley del Voto Preferencial para diputados y regidores hace improcedente, innecesaria y reiterativa la aplicación de la misma para esas instancias.
Además, lo que aún es más grave, el artículo tercero señala que la Junta Central Electoral y las municipales, organizarán las primarias con los partidos y agrupaciones políticas, sobre la base de la lista de los candidatos que fueron inscritos y aceptados, de «acuerdo a las normas internas de cada partido». Resulta que esas «normas internas» de escogencia de candidatos, por lo general son primarias o asambleas establecidas en el Estatuto de las organizaciones, de esta manera, los partidos, atendiendo a su ley orgánica, celebrarían sus consultas y luego irían, nueva vez, a las primarias que efectúe la J.C.E., es decir, que repetiría la operación con todas sus consecuencias.
Ahora bien, a todo cuando hemos señalado pudiéramos buscarle la vuelta, lo que no tiene arreglo es que la Junta Central Electoral, quién sería su árbitro, sufre de la misma aprensión que las cúpulas de los partidos políticos: Dudas sobre su comportamiento, porque la población percibe en ella dependencia ostensible, favoritismos irritantes y decisiones al margen de lo que manda la ley. Su falta de legitimidad en la población ha provocado que en varios de los sufragios recientes, otras instancias de la vida pública hayan tenido que decir la última palabra.
En ese sentido, viene al caso señalar que el máximo organismo electoral es escogido por el Senado de la República, él que, por inconsecuencias de nuestro Sistema Electoral, siempre es controlado por la minoría mayor. En la actualidad, por ejemplo, una organización con el 43% del voto congresual obtuvo el 91% de los asientos de la Cámara Alta, mientras, dos partidos cuyos sufragios sumados alcanzaron más del 50%, apenas tienen el 9% de esos escaños. Luego, ni de lejos hay una representación proporcionar de la voluntad popular expresada en las urna.
Estamos frente al hecho de que la Ley de Primarias aprobada, por muy general, pone en manos de la Junta Central Electoral una amplísima franja de posibilidades y decisiones para que sean resueltas en la reglamentación, desgraciadamente, la experiencia de los últimos años está cargada de negatividad y no debemos pasarla por alto.
