LUIS SCHEKER ORTIZ
Del 3 al 8 de este mes de diciembre se celebró en la ciudad de Washington, sede de la OEA, la Segunda Ronda de Expertos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) que evalúa la situación de los países de la región en relación a temas específicos previamente identificados. En esta ocasión nos tocó presentar el Informe Alternativo en nombre de Participación Ciudadana (PC), como Capítulo de Transparencia Internacional (TI), el cual fue elaborado con el concurso de 16 organizaciones de la sociedad civil suscriptores del informe.

Cinco países; Colombia, Chile, Panamá, El Salvador y República Dominicana participaron en la II Ronda, presentando los expositores de la Sociedad Civil, lo mismo que el sector oficial, sus respectivos análisis y propuestas ajustadas al cuestionario remitido por los expertos. Los temas analizados se refirieron a los siguientes asuntos:

I. Contrataciones públicas, subdividida en dos acápites: a) Sistema de contratación de funcionarios; b) Sistema de contratación de obras, bienes y servicios y concesiones del Estado.

II. Sistema y medidas de protección a denunciantes de buena fe de actos de corrupción;

III. Sistema de previsión y penalidades de actos de corrupción.

Nuestro Informe Alternativo, ceñido a la más estricta objetividad e imparcialidad, destacó los avances alcanzados y formuló sus conclusiones y recomendaciones para superarlos referentes a los cuatro puntos indicados, así como también al seguimiento de las recomendaciones de la I Ronda relativas a la Declaración Patrimonial del Funcionario Público y al Acceso a la Información Pública, particularmente.

En esta entrega, nos limitaremos, por razón de espacio, al Tema I, y a sus dos componentes, el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, contemplados en la Ley 14/91 y en su Reglamento de Aplicación No. 81/94, dada su inminente importancia, y también porque la prensa del viernes 7 nos trae la noticia de que fue aprobado en primera lectura, por la Cámara Diputados, el proyecto de ley que regularía a Función Pública y que vendría a derogar y sustituir Ley No. 14/91 vigente y que, efectivamente, requiere una vigorosa reforma, como señaláramos en el Informe Alternativo.

Este proyecto de ley fue suficientemente discutido, y Participación Ciudadana participó activamente en los talleres y consultas organizados por la ONAP, haciendo sus sugerencias y recomendaciones que, en síntesis, y por las razones dichas, reiteramos para consumo de los señores legisladores y la opinión pública en general.

1. Resulta discriminatorio, anti-democrático y perjudicial para el servicio civil y los derechos ciudadanos, limitar su ingreso al concurso interno por oposición, lo que perpetuaría prácticas reñidas con los principios de igualdad, privando de la oportunidad de ingreso a una legión de futuros servidores, sin ser debidamente evaluados. Proponemos que el ingreso al servicio público se haga por concurso abierto, sin restricción alguna que no sea la capacidad e idoneidad del candidato.

2. La creación de una nueva Secretaría de Estado para administrar la Función Pública es una aberración que nada resuelve, pues el problema no es de estructura jerárquica. No se supera elevando el rango del titular de esa pretendida nueva cartera que estaría al mismo nivel de sus pares. El mayor problema lo constituye la falta de una cultura y de una visión más dilatada de los principales actores del sistema político establecido que privilegia el padrinazgo y el nepotismo, y degrada la función pública y a los servidores del Estado idóneos y calificados.

3. Lo que se precisa es un mayor respeto por la función pública y los mecanismos de ingreso, calificación y permanencia del servidor público, erradicando de manera consciente, sistemática y decidida, no con meras palabras, el populismo partidarista y el clientelismo en general que tanto daño siguen causando a la ética y la profesionalización de la Administración Pública, y, en consecuencia, al desarrollo de la nación.